Morelia, Michoacán, 20 de mayo de 2026.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso local, Reyes Galindo Pedraza, presentó una iniciativa para adicionar el artículo 106 Bis a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, con el objetivo de prohibir el uso de balas de goma, aparatos de electrochoque y gases nocivos contra personas que participen en reuniones, protestas o manifestaciones pacíficas.
Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el legislador explicó que la propuesta busca impedir que elementos de instituciones policiales estatales y municipales utilicen herramientas que puedan atentar contra la integridad física de manifestantes durante expresiones pacíficas.
Galindo Pedraza señaló que la actuación de las corporaciones policiales deberá sujetarse a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.
El diputado recordó que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho a la reunión pacífica como una herramienta para que las personas puedan expresarse colectivamente y participar en la vida pública.
Asimismo, refirió que, de acuerdo con criterios del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el enfoque de los agentes de seguridad debe estar orientado a facilitar las reuniones pacíficas y evitar una escalada innecesaria de tensiones.
El coordinador parlamentario del PT sostuvo que Michoacán se caracteriza por una alta participación política de su población, por lo que las protestas, marchas y manifestaciones forman parte de los mecanismos ciudadanos para expresar demandas ante acciones u omisiones gubernamentales.
También advirtió que los procesos de represión suelen iniciar por la falta de sensibilidad de funcionarios públicos que niegan el derecho de audiencia a personas o colectivos que buscan solucionar problemáticas públicas.
“Garantizar la libre manifestación no es por ningún motivo una concesión del Estado, es el corazón latente de nuestra democracia”, expresó.
Finalmente, Reyes Galindo llamó a las y los legisladores a respaldar la reforma para garantizar que el derecho a disentir no derive en violencia o represión contra quienes se manifiestan de manera pacífica.
