El mundo de los corridos vuelve a quedar en el ojo del huracán luego de que el cantante Gerardo Ortiz se declarara culpable de conspiración por violar una ley federal en Estados Unidos. Su caso expone una vez más la conexión entre la música regional mexicana y el narcotráfico, una relación que ha sido señalada por años, pero pocas veces enfrentada con consecuencias legales.
Según la Fiscalía de Estados Unidos, Ortiz realizó negocios y ofreció conciertos para el promotor mexicano Jesús “Chucho” Pérez Alvea, un hombre con vínculos directos con cárteles del narcotráfico y que fue oficialmente designado como narcotraficante bajo la Ley de Capos Extranjeros de Narcóticos. En 2018, agentes del FBI advirtieron al cantante sobre las implicaciones de seguir trabajando con Pérez, pero Ortiz ignoró la advertencia y realizó al menos 19 presentaciones adicionales bajo la dirección del ejecutivo Ángel Del Villar, de Del Records.
Este caso ha sacudido a la industria musical, pues evidencia cómo el narcotráfico no solo financia corridos que glorifican a criminales, sino que también controla directamente eventos y artistas. Durante años, los narcocorridos han sido una herramienta de propaganda para los cárteles, y el caso de Ortiz demuestra que algunos de sus exponentes no solo cantan sobre el crimen organizado, sino que también hacen negocios con él.
Ortiz ahora enfrenta consecuencias legales en Estados Unidos, lo que podría marcar un precedente en la persecución de artistas que mantienen lazos con el narcotráfico. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos más están involucrados?
