Salvador Escalante, Michoacán.– El asesinato del defensor ambiental y colaborador comunitario Lázaro Mendoza Ramírez ha desatado una ola de indignación en la región lacustre, donde pobladores, comuneros y actores políticos exigen justicia y señalan un contexto previo de confrontación con autoridades municipales.
El cuerpo del activista, de 51 años, fue localizado calcinado al interior de una camioneta el pasado 15 de abril, en un camino de terracería de la comunidad de Cungo. Tras varios días de análisis, la Fiscalía General del Estado confirmó su identidad mediante pruebas de ADN, luego de que Mendoza fuera reportado como desaparecido desde el 14 de abril, cuando fue visto por última vez en la comunidad de Paramuén.
De acuerdo con testimonios y posicionamientos públicos, el defensor ambiental había encarado recientemente a autoridades municipales durante un evento, donde denunció presuntas irregularidades en la ejecución de obra pública en el tramo Cuitzitán–Ixtaro. Este señalamiento habría derivado en un ambiente de tensión, marcado —según denuncias— por burlas, descalificaciones y actitudes intimidatorias por parte de funcionarios.
La regidora del Ayuntamiento, Brenda Téllez, hizo pública una denuncia en la que advierte sobre un clima de hostigamiento político y social en el municipio. En su pronunciamiento, señaló directamente a la presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, por la responsabilidad institucional en la generación de un entorno adverso contra ciudadanos críticos, exigiendo que dé la cara ante la gravedad de los hechos.
“Esta situación no puede verse como un hecho aislado”, advierte el posicionamiento, en el que también se denuncian agresiones verbales por parte de personal vinculado a la obra señalada, así como una falta de apertura y rendición de cuentas por parte del gobierno municipal.
Antes de que se confirmara su muerte, pobladores y comuneros realizaron bloqueos carreteros —incluyendo tramos de la autopista Siglo XXI— para exigir su localización con vida. Paralelamente, desde la emisora comunitaria La Fragua Radio 107.3 FM, donde colaboraba Mendoza, se difundió su ficha de búsqueda y posteriormente se informó sobre la coincidencia genética que terminó por confirmar su identidad.
Tras el hallazgo, el caso ha escalado en exigencias: ciudadanos demandan justicia, garantías de seguridad y la apertura de todas las líneas de investigación, incluida la posible relación entre su activismo, sus denuncias públicas y el crimen. Incluso, sectores de la población han comenzado a exigir la renuncia de la alcaldesa para que se investigue sin interferencias.
El homicidio de Lázaro Mendoza no solo enluta a su comunidad, sino que reabre el debate sobre la vulnerabilidad de defensores ambientales y voces críticas en Michoacán. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer un crimen que hoy sacude a todo Salvador Escalante.
