Villa Madero, Michoacán, a 4 de julio de 2022.- A siete años de su fundación, la Policía Ambiental no ha podido poner un alto a la degradación forestal que hoy impera en Michoacán, cuyos alcances, de acuerdo con las propias autoridades, se traducen en cuando menos 66 mil 752 hectáreas de bosque devastadas al año, producto del cultivo excesivo de aguacate y del crecimiento exponencial que ha tenido la tala ilegal, hoy alentada por la delincuencia organizada.
En medio de la degradación natural que enfrenta el estado, la Policía Ambiental cuenta con apenas 85 elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mismos que, a decir del encargado del Agrupamiento Forestal y Ambiental, Antonio Cornejo Sánchez, resultan insuficientes para contrarrestar los embates delictivos que aquejan a las zonas boscosas de Michoacán.
En entrevista, el responsable de la Policía Ambiental reconoció que la corporación a su mando se encuentra rebasada por quienes inciden en ilícitos como la tala clandestina y el cambio de uso de suelo para fines agrícolas, con todo y que a este agrupamiento policial se le está inyectando mensualmente un millón 275 mil pesos.
Y es que, de acuerdo con el funcionario entrevistado, el brazo operativo de la corporación se limita a cuatro agrupamientos que están instalados en Morelia, donde tienen presencia 40 elementos que se trasladan a diferentes puntos del estado, así como en Angangueo y Uruapan, donde se opera con 20 elementos por unidad municipal.
Bajo cuestionamientos, Cornejo Sánchez aceptó además que la delincuencia organizada ha comenzado a fortalecer su presencia en el aprovechamiento ilegal de las zonas forestales del estado, sobre todo -dijo- en regiones como la Meseta Purépecha y el Oriente del estado.
“Quizás la capacidad de nosotros no alcance para hacer presencia en cada uno de los municipios, pero los recorridos que hacemos son vastos, aunque hay más gente de ellos que nosotros, como policías”, confesó.
Ante este escenario, es importante mencionar que ni la Policía Ambiental ni tampoco la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna reportan detención alguna por delitos ambientales, de manera que estos ilícitos siguen quedando en la impunidad.
Crecen delitos ambientales frente a impunidad
Pese a que en este momento no se tiene un corte del número de delitos forestales que se registran en el primer semestre de 2022, es importante mencionar que, con base en información de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna, el número de ilícitos ambientales, sobre todo por tala clandestina, aumentó en un 60 por ciento durante 2021.
Este corte fue compartido en diciembre del año pasado por el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna, Jesús Reyes Mosqueda, quien señaló en entrevista que, derivado del seguimiento a este tipo de ilícitos, se han abierto 55 carpetas de investigación, de las que -reconoció- no se ha desprendido ningún encarcelamiento.
“Los delitos ambientales, relativos a la tala clandestina y cambio de uso de suelo, que son los que generalmente salen a flote, han tenido un incremento de más del 60 por ciento, no solamente que nos han denunciado, sino que además de las denuncias se ha duplicado y casi triplicado en el ámbito judicial el número de judicialización”, comentó.
Con base en información ofrecida por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), en 2021 el área especializada en delitos ambientales captó un total de 136 delitos por tala clandestina, contra 200 que se registraron durante 2020.
Antonio Cornejo, titular de la Policía Ambiental, justificó la falta de detenciones, debido a que existen zonas, como el Oriente y la Meseta Purépecha, donde los responsables de delitos ambientales son advertidos por “halcones” cuando un operativo ingresa a alguna de estas regiones.
“En este tipo de terrenos cuando nosotros llegamos ya prácticamente la gente abandona el lugar, cuando ingresa uno muchas veces la gente se avisa entre sí, hay comunicación entre la gente la comunidad”, dijo.
Presencia de Policía Ambiental, inexistente
Aun cuando el titular de la agrupación ambiental aseguró que sus operativos se despliegan de manera constante en focos rojos de tala clandestina como Villa Madero, el ambientalista Julio Santoyo Guerrero, quien es integrante del Consejo Estatal de Ecología, afirmó que la presencia de la SSP en las zonas boscosas del estado, “es inexistente”.
“La presencia de la Policía Ambiental simplemente no existe, no hay una contención clara hacia los delitos ambientales. No existe complicidad, no lo veo así, simplemente la corporación está totalmente rebasada por la cantidad de delitos ambientales que, día con día, se registran en regiones como Uruapan, Angangueo, Villa Madero y diferentes partes de la Meseta Purépecha”, subrayó.
El también integrante del Consejo Promotor de Área Natural Protegida del Sur de Morelia, Madero y Acuitzio, compartió que, además de existir inoperancia en la Policía Ambiental, no se ha establecido una coordinación plena con líderes ejidales y autoridades comunales “que siguen buscando desesperadamente poner freno a la tala clandestina y al cambio de uso de suelo con fines agrícolas”.
Testimonio de un operativo frustrado
Bajo este tenor, los pobladores de municipios como Madero y Acuitzio reconocen que los delitos ambientales están siendo alentados por la delincuencia organizada, situación que complica aún más la intervención de instituciones de seguridad, líderes ejidales y autoridades comunales.
“Va para unos 15 días que en Villa Madero denunciamos la presencia de talamontes, la respuesta fue efectiva, llegaron elementos de seguridad y aseguraron un camión que transportaba madera ilegal. Pero más tardaron en agarrarlos que en soltarlos”, relató en el anonimato un habitante de Madero.
En su relato el entrevistado comentó que, tras el aseguramiento, un grupo armado, conformado por al menos 40 civiles, irrumpió en el corralón de Acuitzio -que es donde se aseguró la unidad- para exigir que el camión fuera liberado.
“Eran de los Pueblos Unidos, que aquí controlan la tala ilegal de Madera. Llegaron, pidieron el camión a la mala, y se fueron. La denuncia, al parecer, nunca existió, ni tampoco el camión que habían asegurado en el corralón de Acuitzio”, comentó.
Cárteles, detrás de aprovechamiento ilegal de bosques michoacanos
Así como en Acuitzio se dijo que Pueblos Unidos lleva la batuta en la tala ilegal del municipio, un poco más lejos, a tan sólo unos 30 minutos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tendría el control del aprovechamiento de los bosques que visten al municipio de Villa Madero, donde, de acuerdo con sus habitantes, los madereros de la región responden a órdenes directas de dicha agrupación criminal.
Esta situación, a juicio del ambientalista Julio Santoyo, se desprende de un vacío gubernamental que está llenando la delincuencia organizada, a falta de una política ambiental efectiva.
“Los bosques están quedando en el desamparo, no hay seguridad, ni tampoco intención de atacar el problema de raíz, vamos solos, con lo que podemos y con lo que tenemos a nuestro alcance”, lamentó.
El abandono al que hizo referencia Santoyo Guerrero se pudo apreciar a simple vista en un recorrido realizado por la región de Madero, donde, frente a la mirada omisa de las autoridades, la tala ilegal y el cambio de uso de suelo, se manifestaron de manera evidente.
Acción gubernamental, insuficiente
Frente al escenario aquí expuesto, la Policía Ambiental reporta que, de marzo a la fecha, se han confiscado un total de 52 mil 580 m3 de madera en rollo; otros 204 mil 391 m3 de madera aserrada; 87 mil 204 m3 de celulosa; mil 400 kilogramos de resina, y mil 775 kilogramos de tierra de monte.
Aunado a ello, el titular de la corporación, Antonio Cornejo Sánchez, compartió que se han asegurado 77 aves de diferentes especies, en apego a la norma NOM–059–SEMARNAT-2001, así como cuatro mil 316 hectáreas de bosque explotadas por cambio de uso de suelo con fines agrícolas.
El trabajo emprendido por la Policía Ambiental al paso de los últimos cuatro meses contrasta con la realidad forestal del estado, ya que, mientras se presume el aseguramiento de cuatro mil 316 hectáreas de bosque afectadas por cultivo de aguacate; al año Michoacán está reportando una degradación forestal de cuando menos 66 mil 752 hectáreas.
La problemática de deforestación que enfrenta Michoacán, reconocen autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente, se concentra en la plantación ilegal de aguacate, tomando en cuenta que actualmente existen cerca de 35 mil huertas irregulares del llamado “oro verde”, mismas que operan sin antes haber solicitado el permiso de cambio de uso de suelo correspondiente, que, dicho sea de paso, no se entrega desde 1994.
Frente a dicho conflicto ambiental la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom), informó en 2019 que, de 1990 a 2010, la superficie arbolada de Michoacán decreció por un millón 355 mil 060 hectáreas, ante lo que la institución reconoce que el cambio de uso de suelo con fines agrícolas encabezaría entre las principales causas de este deterioro.
De la superficie arbolada afectada, según informó la dependencia estatal, 630 mil hectáreas corresponden a zonas boscosas y 750 mil a reservas ubicadas principalmente en la Sierra-Costa Nahua.
Aun cuando las autoridades calculan que actualmente existirían unas 35 mil huertas de aguacate operando en la ilegalidad, en una entrevista concedida en noviembre de 2021, el investigador decano del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales (INIRENA) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Arturo Chacón Torres, estimó que, de las 350 mil hectáreas de aguacate que -dijo- están operando actualmente en territorio michoacano, al menos un 80 por ciento no se ajustó a un dictamen de uso de suelo, es decir, son ilegales.
Aguacate, el tesoro de la clase política
Desde la óptica del ambientalista Julio Santoyo, el cultivo de aguacate no se enfrenta a ningún tipo de barrera gubernamental, “porque la clase política alienta su reconocimiento social, incentiva la propagación de huertas ilegales de aguacate, y se beneficia económicamente del fruto”.
Julio Santoyo reconoció que, mientras la clase política no saque las manos del cultivo de aguacate, “las zonas forestales de Michoacán están condenadas a desaparecer, porque, quienes podrían hacer algo, se están viendo beneficiados del problema”.
“No hay que pensarle mucho, hay familias políticas que se benefician del aguacate: en el Oriente tenemos a los Orihuela, y al mismo Silvano Aureoles; en Zacapu al diputado Fidel Calderón Torreblanca, que también tiene huertas de aguacate, y al sur de Morelia nos encontramos con cultivos del diputado Marco Polo Aguirre”, exhibió.
Si bien no hizo señalamientos en ese sentido contra el actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó que no haya existido un acercamiento con el sector ambientalista desde que inició su gestión, tal y como en su momento lo reprochó la investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Patricia Ávila García.
Pedirán más atribuciones a Federación para contrarrestar deforestación
Ante este escenario, Daniel Díaz, director de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural de la Secretaría de Medio Ambiente, informó que la dependencia solicitará a la Federación más atribuciones para combatir los delitos ambientales que se registran en el estado, luego de señalar que, valiéndose de lagunas jurídicas, los infractores recurren a impugnaciones cuando una huerta ilegal pretende ser desmantelada.
“Lo vimos en la pasada administración, se buscó desmantelar huertas ilegales, pero lo único que se encontraban los inspectores eran impugnaciones, que finalmente recaían en impunidad, ya que las autoridades estatales no contamos con esas atribuciones, de ahí la necesidad de ampliar nuestras facultades jurídicas, a fin de poder contrarrestar el problema”, refirió el funcionario.
Así, sin elementos jurídicos y con una Policía Ambiental endeble, en cuanto a su operatividad, el gobierno de Michoacán busca revertir el daño ambiental que existe en el estado, mediante la certificación de productores de aguacate, con lo que se pretende inhibir el cultivo ilegal del fruto, bajo el respaldo del gobierno federal.
