Morelia, Michoacán, 20 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo vinculación a proceso contra Edgar Abdiel “N”, quien se desempeñaba como docente, por su posible relación con el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, en la hipótesis de almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con la Carpeta de Investigación, entre febrero de 2020 y junio de 2025 el investigado presuntamente utilizó un seudónimo para almacenar y distribuir mediante plataformas digitales imágenes y videos de contenido sexual en los que aparecen personas menores de edad, entre ellas una adolescente que tenía 12 años al momento de los hechos.
Las investigaciones establecen que Edgar Abdiel “N” presuntamente obtuvo archivos a través de diferentes servicios digitales y posteriormente los almacenó y distribuyó mediante cuentas asociadas a plataformas como Google Photos y Google Drive.
El caso se inició a partir de información reportada desde Estados Unidos por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), misma que fue canalizada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México.
Posteriormente, la autoridad federal presentó la denuncia y evidencia digital correspondiente ante la Unidad de Investigación de Delitos de Trata de Personas de la FGE, que inició las diligencias correspondientes.
Como resultado de las investigaciones, el 31 de julio un Juez de Control concedió una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada el 10 de agosto por elementos de la Policía de Investigación.
Durante la continuación de la audiencia inicial, realizada el 16 de agosto, el Juez de Control valoró los datos de prueba presentados y resolvió vincular a proceso a Edgar Abdiel “N”.
El órgano jurisdiccional también determinó imponer prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La FGE señaló que continuará con las investigaciones relacionadas con el caso y reiteró su compromiso de atender los delitos que vulneran la integridad y el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, bajo los principios del debido proceso.
