Morelia, Michoacán, 4 de junio de 2025.- Con el objetivo de brindar una protección integral a niñas, niños y adolescentes en situación migratoria, la diputada local Vanhe Caratachea presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias del Estado de Michoacán.
La propuesta busca adicionar un Título Sexto a la legislación vigente, a fin de establecer un marco jurídico específico que garantice derechos como el acceso a la salud, educación, asistencia legal, alojamiento digno y apoyo psicoemocional para menores migrantes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, ya sea acompañados, no acompañados, separados o abandonados.
Durante su intervención, la legisladora panista subrayó la necesidad de actuar con urgencia ante una problemática que ha cobrado relevancia internacional. Recordó el caso de un niño nicaragüense de 10 años encontrado solo en la frontera de Texas, como un ejemplo del drama humanitario que viven miles de menores migrantes.
“Michoacán no puede permanecer indiferente. Es un estado de origen, tránsito, destino y retorno migrante. En 2022, más de 16 mil menores fueron repatriados desde Estados Unidos, y el 90% de ellos viajaban sin compañía”, expuso.
Entre los puntos más relevantes de la iniciativa se contempla:
Reconocer legalmente la vulnerabilidad especial de niñas, niños y adolescentes migrantes. Garantizar la aplicación del principio del interés superior del menor en todos los procedimientos. Crear protocolos interinstitucionales de protección integral. Impulsar la coordinación entre los tres niveles de gobierno, sociedad civil y organismos internacionales. Establecer medidas para facilitar la reintegración, como documentación, revalidación educativa y acompañamiento comunitario.
Caratachea señaló que esta iniciativa se alinea con estándares internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, así como con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Migración. Asimismo, retoma buenas prácticas de entidades como Jalisco y Ciudad de México.
Reconoció que su implementación implicará desafíos institucionales y presupuestales, pero advirtió que “el costo de la indiferencia sería mucho mayor”. Concluyó haciendo un llamado a sus compañeras y compañeros legisladores a respaldar esta propuesta que, dijo, “no tiene colores, tiene el rostro de una infancia que sufre, resiste y espera justicia”.
