Por: Horacio Erik Avilés Martínez
Lograr aprender en paz implica también identificar y visibilizar la violencia. Una gran referencia es el violentómetro, desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional, herramienta gráfica que permite identificar y medir las diferentes manifestaciones de violencia de manera progresiva.
Organizado en tres niveles con códigos de color, verde, amarillo y rojo, este instrumento revela formas ocultas de agresión que a menudo se normalizan en las relaciones interpersonales, permitiendo detectar señales de alerta antes de que la violencia escale a niveles críticos.
Esta metodología ha demostrado ser adaptable a diversos contextos: violencia laboral, violencia en transporte público, ciberacoso y violencia contra niñas, niños y adolescentes. La estructura del violentómetro nos ayuda a comprender que ninguna violencia es insignificante y que cada manifestación puede escalar si no se detiene a tiempo.
Parafraseando la estructura del violentómetro tradicional y colocando los derechos humanos educativos al centro —especialmente el derecho a estar, aprender y participar en las escuelas—, se presenta una escala de 30 niveles que va desde las violaciones sutiles hasta las más graves.
Nivel I. Fase de alerta, verde claro: Ten cuidado, la violencia educativa existe
1. Bromas hirientes sobre capacidades académicas
Comentarios que ridiculizan o minimizan las capacidades intelectuales de estudiantes, como “no eres bueno para las matemáticas”, “las niñas no entienden ciencias”, o “tú nunca vas a aprender”. Estos comentarios erosionan la autoestima y crean profecías autocumplidas que limitan el potencial de aprendizaje.
2. Descalificación de aspiraciones educativas
Desalentar activamente los sueños y metas educativas de estudiantes, especialmente de comunidades rurales o familias en pobreza, diciéndoles que “no es para personas como tú” o “confórmate con menos”. Esta violencia simbólica reproduce ciclos de desigualdad.
3. Chantaje emocional para abandonar estudios
Presión familiar o comunitaria para que estudiantes, especialmente niñas, abandonen la escuela para cumplir roles de cuidado, trabajo doméstico o matrimonio temprano, utilizando la culpa como mecanismo de control.
4. Ausencia intermitente de docentes
Cuando maestros faltan frecuentemente sin justificación o reemplazo. Cada día sin docente es un día de aprendizaje perdido que nunca se recupera.
5. Materiales educativos inadecuados o inexistentes
Carencia de libros, útiles escolares básicos o materiales didácticos necesarios para el aprendizaje. Cómo se espera que estudiantes aprendan sin las herramientas mínimas indispensables.
6. Discriminación lingüística
Desvalorización de lenguas indígenas, corrección constante sin apoyo pedagógico, o burlas por acentos regionales que inhiben la participación de estudiantes en el aula.
7. Imposición de gastos educativos no contemplados
Solicitudes constantes de dinero para materiales, festivales, eventos o “cuotas voluntarias” que se vuelven obligatorias, excluyendo a quienes no pueden pagarlas.
8. Horarios incompatibles con realidades familiares
Establecimiento de horarios escolares que ignoran las necesidades de familias jornaleras, migrantes o en situación de pobreza, dificultando la asistencia regular.
9. Ignorar necesidades educativas especiales
No proporcionar apoyos para estudiantes con discapacidad, dificultades de aprendizaje o talentos excepcionales, dejándolos invisibilizados en el sistema.
10. Ausencia de conexión con la realidad local
Contenidos educativos completamente desvinculados del contexto cultural, económico y social de Michoacán, generando alienación y desinterés.
Nivel II. Fase de riesgo. Amarillo/naranja: Reacciona, no te quedes callado.
11. Castigos físicos o psicológicos normalizados
Uso de violencia física (jalones, golpes) o humillación pública como método disciplinario. Estas prácticas, aunque ilegales, persisten normalizadas en algunas escuelas.
12. Reprobación masiva sin estrategias de apoyo
Reprobar sistemáticamente a estudiantes sin ofrecer tutorías, refuerzo académico o diagnóstico de las causas del bajo rendimiento, culpabilizando únicamente al estudiante.
13. Escuelas sin servicios básicos
Planteles que operan sin agua potable, electricidad, sanitarios funcionales o espacios seguros, violando el derecho a una educación en condiciones dignas.
14. Ausencia de alimentación escolar
En comunidades de alta marginación, la falta de programas de alimentación escolar provoca que estudiantes asistan con hambre, imposibilitando la concentración y el aprendizaje.
15. Exclusión por embarazo o maternidad adolescente
Expulsión directa o indirecta de estudiantes embarazadas o madres adolescentes, negándoles el derecho a continuar su educación y perpetuando ciclos de pobreza.
16. Acoso escolar sin intervención institucional
Bullying sistemático que las autoridades escolares ignoran, minimizan o culpabilizan a las víctimas, creando ambientes hostiles que generan deserción.
17. Trabajo infantil forzando inasistencia crónica
Estudiantes que deben trabajar en campos agrícolas, comercios o actividades familiares, faltando regularmente a clases sin que el sistema educativo intervenga para proteger su derecho.
18. Inexistencia de transporte escolar seguro
Comunidades donde llegar a la escuela implica caminar horas por caminos peligrosos sin ninguna alternativa de transporte, limitando especialmente la asistencia de niñas.
19. Docentes sin formación ni actualización
Personas imparten clases sin formación inicial docente, sin formación continua ni acceso a recursos para mejorar su práctica docente.
20. Desaparición de programas compensatorios
Recorte o eliminación de programas como Escuelas de Tiempo Completo, desayunos escolares o apoyos a comunidades rurales, profundizando la inequidad.
Nivel III. Fase Crítica. Rojo. Necesitas ayuda o intervención urgente. Estás en peligro
21. Violencia sexual en entornos escolares
Acoso, abuso o violencia sexual por parte de docentes, personal escolar o pares, sin protocolos efectivos de prevención, denuncia y sanción.
22. Reclutamiento forzado por crimen organizado
Jóvenes obligados a abandonar la escuela por amenazas o cooptación de grupos delictivos, una tragedia silenciosa que el Estado ignora sistemáticamente.
23. Cierre prolongado de escuelas por conflictos
Planteles que permanecen cerrados semanas o meses debido a conflictos laborales, bloqueos de vías o tomas de instalaciones, negando completamente el acceso a la educación.
24. Desaparición y violencia contra estudiantes
Estudiantes víctimas de desaparición forzada, secuestro o violencia letal en el trayecto a la escuela o en sus comunidades, con total impunidad.
25. Escuelas en zonas de conflicto armado
Planteles ubicados en territorios disputados por grupos criminales donde asistir a clases implica riesgo de muerte, generando abandono escolar masivo forzado.
26. Negación sistemática de certificación
Estudiantes que completan sus estudios, pero no reciben certificados oficiales por conflictos burocráticos o sistemas alternos no reconocidos, destruyendo sus trayectorias educativas.
27. Expulsión o exclusión por discapacidad
Rechazo institucional de estudiantes con discapacidad bajo el pretexto de “no poder atenderlos adecuadamente”, violando flagrantemente sus derechos fundamentales.
28. Infraestructura que pone en riesgo la vida
Escuelas en condiciones de colapso estructural, con techos cayéndose, escaleras peligrosas, o instalaciones eléctricas expuestas que pueden causar accidentes fatales.
29. Analfabetismo funcional institucionalizado
Estudiantes que avanzan de grado año tras año sin aprender a leer, escribir o realizar operaciones matemáticas básicas, debido a la complacencia del sistema que prioriza estadísticas sobre aprendizajes reales.
30. Ausencia total de educación disponible
Comunidades enteras sin ninguna escuela accesible, donde niñas, niños y jóvenes crecen completamente excluidos del sistema educativo, condenados a la marginación perpetua.
Cada uno de estos 30 niveles representa violaciones concretas, cotidianas y sistemáticas a los derechos humanos educativos de niñas, niños y jóvenes. son vidas truncadas, sueños rotos, potenciales desperdiciados y futuros negados.
La violencia contra el derecho a la educación en Michoacán es estructural, multidimensional y profundamente arraigada. Afecta desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables: niñas y mujeres jóvenes, comunidades indígenas, poblaciones rurales, personas con discapacidad y familias en situación de pobreza. Esta violencia se perpetúa en la invisibilidad, normalizada bajo discursos de resignación, diciendo “así son las cosas aquí” o culpabilización, “es que las familias no valoran la educación”.
Pero ninguna violación al derecho a la educación es aceptable. No existe violencia educativa “pequeña”. Este violentómetro educativo es, simultáneamente, un instrumento de diagnóstico y un llamado urgente a la acción. Nos interpela en varios niveles. Y, por ello, se realizan los siguientes llamados:
A las autoridades educativas estatales y federales: Es imperativo que reconozcan la magnitud de la crisis educativa en Michoacán. La estabilidad en el pago de nóminas no es suficiente. Se requiere inversión masiva en infraestructura, programas compensatorios robustos, evaluación transparente de aprendizajes, estrategias diferenciadas para contextos diversos y protocolos efectivos de seguridad escolar.
A las comunidades educativas: Docentes, directivos y personal escolar deben convertirse en defensores activos del derecho a la educación. Esto implica tolerancia cero ante cualquier forma de violencia en las escuelas, compromiso inquebrantable con el aprendizaje de cada estudiante y negativa a normalizar condiciones indignas.
A las organizaciones sindicales: El legítimo derecho a condiciones laborales dignas para docentes no puede ejercerse a costa del derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes. Cada día de clases perdido es irrecuperable. Las luchas magisteriales deben incorporar como eje central la garantía del derecho a aprender, buscando estrategias de protesta que no sacrifiquen a quienes supuestamente se busca beneficiar.
A la sociedad civil organizada: Hemos demostrado que la vigilancia ciudadana, la investigación rigurosa y la incidencia persistente pueden generar cambios. Pero necesitamos multiplicar estas voces. Cada padre, madre, estudiante, académico, empresario y ciudadano debe convertirse en vigilante del derecho a la educación.
A las familias: Exijan, pregunten, participen. No acepten que les digan que sus hijas e hijos “no pueden” o “no sirven” para estudiar. El derecho a la educación se exige. Pero también: valoren la escuela como espacio de transformación, apoyen el aprendizaje en casa y jamás reproduzcan la violencia educativa que ustedes mismos pudieron sufrir.
A las y los estudiantes: Son los titulares del derecho a la educación. Su derecho a estar, aprender y participar en las escuelas no es un privilegio que alguien les concede, es un derecho humano fundamental que el Estado tiene la obligación de garantizar. Cuando ese derecho se viola, tienen la legitimidad y el poder de alzar la voz. No se resignen, no normalicen la violencia educativa. Exijan la educación que merecen.
A quienes toman decisiones presupuestales: Cada peso que no se invierte en educación es una hipoteca sobre el futuro de Michoacán. La educación no es gasto, es la inversión más rentable y transformadora que puede hacer una sociedad. Priorizar otros rubros sobre educación de calidad es condenar a generaciones enteras a la marginación.
El momento de actuar es ahora. Construir un violentómetro de los derechos educativos puede ser un mapa de ruta para la transformación. Conozcámoslo, enriquezcámoslo y usémoslo.
Sus comentarios son bienvenidos en [email protected] y en X en @Erik_Aviles
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
