Morelia, Michoacán, a 13 de enero de 2026.- La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, subrayó que la institución cuenta hoy con una legislación “del siglo XXI”, al considerar que las reformas y actualizaciones normativas realizadas en la presente administración preparan a la Universidad para enfrentar los desafíos del futuro.
Al presentar su Tercer Informe de Actividades, reconoció el acompañamiento del Consejo Universitario, al que definió como garante de la legalidad y la autonomía universitaria, así como un actor clave para fortalecer la vida democrática interna mediante el análisis y discusión de propuestas.
La rectora destacó como un logro histórico la reforma del Estatuto Universitario y, posteriormente, la reforma a la Ley Orgánica de la UMSNH, lo que permitió continuar con la creación, actualización y armonización de reglamentos, lineamientos y disposiciones normativas.
Entre los avances mencionó la consolidación de la justicia universitaria con la aprobación del Reglamento del Tribunal Universitario y el Reglamento de la Unidad de Mediación, además de la actualización del Protocolo para la Atención Integral de la Violencia de Género. También refirió la aprobación del Plan Institucional de Cultura de Paz y el Plan Institucional de Salud Mental, así como la aprobación de más de 10 reglamentos en 2025, con lo que estimó un avance cercano al 70 por ciento en la armonización del marco normativo.
Ávila González señaló que estas acciones atendieron rezagos de décadas y, afirmó, se realizaron con el respaldo de la comunidad universitaria. Añadió que durante 2025 se fortalecieron procesos académicos, administrativos y financieros, se ordenaron estructuras, se defendieron derechos laborales y se reforzó una política de transparencia y rendición de cuentas.
La rectora agradeció al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al Congreso del Estado y a legisladoras y legisladores nicolaitas que han acompañado a la institución, y enfatizó que las reformas recientes fortalecen la autonomía universitaria, garantizan un presupuesto pleno equivalente al 4.5 por ciento del presupuesto estatal, robustecen procesos democráticos internos y elevan derechos laborales a rango constitucional.
Finalmente, reconoció que persisten retos estructurales y demandas legítimas que requieren continuidad y acuerdos amplios, al tiempo que sostuvo que el ejercicio de rendición de cuentas se fortalece al identificar pendientes sin minimizar los avances alcanzados.
