Tere Herrera propone endurecer medidas contra deudores alimentarios en Michoacán

Morelia, Michoacán, 19 de marzo de 2026.- La diputada Teresita Herrera Maldonado presentó una iniciativa de reforma al Código Familiar del Estado de Michoacán con el objetivo de fortalecer las medidas legales contra deudores alimentarios y garantizar el cumplimiento de esta obligación en favor de niñas, niños y adolescentes.

La legisladora del Partido Acción Nacional señaló que las y los menores tienen derecho a vivir en condiciones dignas, con estabilidad y con la certeza de que sus derechos deben estar por encima de cualquier conflicto entre personas adultas.

Durante la presentación de la propuesta, Herrera Maldonado expuso que entre 2021 y 2025 se registraron más de 10 mil deudores alimentarios en Michoacán, y afirmó que estas cifras reflejan la necesidad de reforzar los mecanismos para asegurar el cumplimiento de la pensión alimenticia.

La diputada indicó que esta obligación debe cubrir no solo alimentos, sino también ropa, calzado, atención médica, educación y condiciones para el desarrollo integral de niñas y niños.

Explicó que la iniciativa busca establecer medidas más firmes para evitar que los deudores alimentarios evadan su responsabilidad, al tiempo que representa una acción en favor de las infancias y de las madres que, en muchos casos, asumen la mayor carga en su cuidado.

Entre las disposiciones planteadas, se contempla instruir al Registro Público de la Propiedad para que realice las anotaciones correspondientes en los bienes inmuebles del deudor alimentario.

Asimismo, se propone que dicha instancia verifique el registro antes de cualquier operación relacionada con la propiedad o posesión de bienes, con el fin de informar al juez y evitar actos que puedan afectar el cumplimiento de la obligación alimentaria.

La iniciativa también prevé que el deudor alimentario declarado moroso pueda solicitar la cancelación de su inscripción, siempre que acredite ante la autoridad correspondiente el pago total de los adeudos.

Con esta propuesta, la legisladora planteó reforzar la protección del interés superior de la niñez y asegurar que la responsabilidad alimentaria se cumpla de manera efectiva.