Morelia, Michoacán a 6 de febrero de 2026.- El caso del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro —detenido recientemente— sigue escalando tras la difusión de declaraciones y denuncias que lo vinculan presuntamente con una red de extorsiones y acuerdos ilegales con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con documentos integrados en investigaciones federales, víctimas de extorsión relataron que el edil se presentaba como protegido del líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, utilizando esa supuesta relación como mecanismo de intimidación contra comerciantes y empresarios. En testimonios procesados por autoridades federales, se menciona que el funcionario presumía públicamente ese respaldo para forzar pagos y someter a sus víctimas bajo amenazas directas.
Una denuncia señala que empresarios locales vivían bajo presión constante, con temor de represalias violentas, incluyendo secuestros y agresiones, en caso de negarse a entregar dinero. Las acusaciones describen un clima de intimidación que habría operado durante meses, generando miedo entre comerciantes de la región.
Paralelamente, una regidora del Ayuntamiento declaró ante autoridades que Rivera Navarro habría pactado entregar alrededor de 40 millones de pesos anuales —presuntamente provenientes de recursos municipales— al grupo criminal. Según su versión, existiría una estructura interna dedicada a la recaudación de dinero ilícito, que incluiría presuntas extorsiones, cobro de piso y uso de funciones administrativas para presionar a particulares.
La misma funcionaria afirmó haber sufrido represalias tras oponerse a decisiones financieras del cabildo, incluyendo reducciones salariales y acciones administrativas contra negocios familiares. También aseguró contar con protección estatal debido a amenazas relacionadas con el contexto político y de violencia.
Otro testimonio apunta a que la campaña electoral que llevó a Rivera Navarro a la presidencia municipal habría recibido apoyo criminal, además de describir episodios de intimidación contra actores políticos locales en procesos anteriores. Estas versiones forman parte de líneas de investigación que deberán ser corroboradas por la autoridad.
Hasta ahora, la Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para determinar responsabilidades penales. Ninguna de las acusaciones ha sido aún resuelta judicialmente, por lo que el proceso continúa bajo el principio de presunción de inocencia.
El caso ha provocado fuerte impacto político y social, al poner nuevamente en el debate la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales y el uso del poder público como herramienta de presión.
