Ciudad de México, 18 de diciembre de 2025.– María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, Estado de México, fue sentenciada a 70 años de prisión tras ser hallada culpable de ordenar el homicidio del síndico municipal y de su chofer, crímenes perpetrados en enero de 2023.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, luego de una investigación exhaustiva, se logró acreditar la responsabilidad directa de la exfuncionaria en el asesinato del síndico identificado con las iniciales G.J.R., así como de su acompañante y chofer, M.A.L.C. El caso formó parte de las indagatorias desarrolladas dentro de la denominada Operación Enjambre, enfocada en desarticular redes de corrupción y vínculos criminales en gobiernos municipales.
De acuerdo con las investigaciones, las víctimas fueron enviadas por instrucciones de la entonces alcaldesa a una zona de alto riesgo, controlada por un grupo delictivo con presencia en la región, bajo el pretexto de cumplir funciones oficiales. Ambos funcionarios nunca regresaron con vida.
El Ministerio Público estableció que Martínez Robles ordenó de manera directa a integrantes de una organización criminal originaria del estado de Michoacán que asesinaran al síndico municipal, a quien consideraba un obstáculo para ejercer un control total sobre las decisiones del ayuntamiento. Como prueba clave, se acreditó que la exalcaldesa sostuvo una llamada telefónica con un integrante del grupo criminal, en la que solicitó explícitamente “quitar del camino” al funcionario.
Como parte del plan criminal, el 25 de enero de 2023 el síndico fue citado bajo engaños a una supuesta reunión en el municipio de Zacazonapan, lugar donde se concretó el homicidio. Además, la Fiscalía documentó que la exedil sostuvo diversas reuniones con miembros de la célula delictiva para coordinar acciones y mantener vínculos con la administración municipal.
La captura de María Elena Martínez Robles se logró mediante un operativo conjunto entre la Fiscalía mexiquense y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
Tras valorar las pruebas presentadas, un juez dictó sentencia condenatoria de 70 años de prisión, además de imponer el pago de 207 mil 234 pesos por concepto de reparación del daño por cada una de las víctimas. Asimismo, se ordenó la suspensión definitiva de sus derechos civiles y políticos.
