Sandra Arreola propone “Ley Cazzu” para garantizar movilidad de niñas y niños ante abandono parental

Morelia, Michoacán, a 12 de marzo de 2026.- La diputada y coordinadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Sandra Arreola Ruiz, presentó un posicionamiento para impulsar la denominada “Ley Cazzu”, una iniciativa orientada a garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes en casos donde exista abandono parental.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora reconoció el papel de las madres jefas de familia y señaló que muchas de ellas enfrentan la crianza de sus hijas e hijos sin el apoyo del padre, además de obstáculos legales para realizar trámites esenciales relacionados con la movilidad de los menores.

Arreola Ruiz explicó que actualmente en diversos casos se exige la autorización del padre para trámites como la obtención de pasaportes o permisos de viaje, incluso cuando éste no participa en la crianza ni cumple con sus obligaciones alimentarias o de convivencia.

La diputada indicó que la propuesta, conocida como “Ley Cazzu”, busca visibilizar una problemática que afecta a numerosas mujeres y a sus hijas e hijos, y plantea que el Congreso de Michoacán remita al Congreso de la Unión una reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El objetivo de dicha modificación sería garantizar el derecho a la movilidad de menores cuando exista abandono parental, estableciendo que el interés superior de la niñez sea el criterio central en este tipo de procedimientos.

Asimismo, la iniciativa propone crear mecanismos ágiles y accesibles para que quien ejerce la guarda y custodia pueda obtener autorizaciones de movilidad cuando el otro progenitor haya incumplido reiteradamente con sus obligaciones de crianza, alimentos o convivencia.

Sandra Arreola sostuvo que la patria potestad no debe utilizarse como un instrumento de control cuando las responsabilidades que le dan sustento han sido abandonadas, por lo que llamó a colocar en el centro de las decisiones públicas la justicia para las madres jefas de familia y la protección de niñas, niños y adolescentes.