Morelia, Michoacán, 10 de junio de 2026.- La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, presentará ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para adicionar el artículo 302 Bis al Código Penal de Michoacán, con el objetivo de fortalecer las sanciones contra delitos ambientales como la tala clandestina, el cambio ilegal de uso de suelo y la devastación de bosques y selvas.
La propuesta contempla penas de hasta 20 años de prisión y multas significativas, así como agravantes específicas cuando se utilicen instrumentos especializados, vehículos de transporte o participen servidores públicos.
Arreola Ruiz señaló que la protección del medio ambiente responde al derecho humano a un entorno sano y que la devastación de ecosistemas afecta no solo a la biodiversidad, sino también a la seguridad hídrica, la estabilidad climática, la economía regional y la paz social.
La legisladora advirtió que Michoacán, por su riqueza forestal y ubicación estratégica, ha sido vulnerable a la explotación ilícita de recursos forestales, en algunos casos vinculada a estructuras organizadas. Señaló que el marco sancionatorio vigente no ha sido suficiente para inhibir la reincidencia ni desarticular estas prácticas.
La iniciativa propone homologar el régimen sancionatorio de Michoacán con el modelo del Estado de México, cuya legislación contempla agravantes específicas y penas más severas. De aprobarse, se establecerían penas de cinco a quince años de prisión para quienes participen en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización o destrucción de productos de montes o bosques.
Asimismo, se plantea una pena de siete a quince años de prisión para autores intelectuales, instigadores, quienes obtengan lucro indebido o controlen a menores de edad para cometer estos delitos.
La propuesta también contempla penas de diez a veinte años de prisión y multas de mil a mil quinientos días cuando se empleen herramientas como motosierras o sierras, se utilicen vehículos para transportar madera o participen servidores públicos.
Además, establece que los instrumentos y efectos del delito sean asegurados de oficio por el Ministerio Público y puestos a disposición de la autoridad judicial para el decomiso correspondiente.
Sandra Arreola destacó que la pérdida de cobertura forestal provoca afectaciones al ciclo hidrológico, erosión de suelos, pérdida de biodiversidad e incremento de riesgos como incendios e inundaciones, con impactos profundos en comunidades indígenas y rurales.
