Morelia, Michoacán, 24 de marzo de 2026.- La diputada Sandra María Arreola Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, presentará una propuesta de acuerdo para remitir al Congreso de la Unión una iniciativa orientada a tipificar y agravar como delito federal la contaminación generada por narcolaboratorios.
La legisladora planteará la adición del artículo 194 Bis al Código Penal Federal y la reforma del artículo 464 de la Ley General de Salud, con el objetivo de sancionar de manera expresa el vertimiento, infiltración o depósito de precursores químicos y residuos tóxicos derivados de la producción clandestina de drogas sintéticas.
De acuerdo con la propuesta, también se busca incrementar las penas para quienes instalen u operen estos laboratorios, particularmente cuando sus actividades provoquen contaminación de suelos, cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado.
Sandra Arreola señalará que el combate al narcotráfico no debe limitarse al aseguramiento de drogas, sino que también debe contemplar los daños ambientales que esta actividad ilícita genera en comunidades y ecosistemas.
En la exposición de motivos, se advertirá que por cada kilogramo de metanfetamina producido se generan varios kilogramos de desechos tóxicos, entre ellos sustancias como ácido clorhídrico, acetona y fósforo rojo, que son vertidos sin control y representan riesgos para la salud y el medio ambiente.
La diputada también referirá que, entre diciembre de 2018 y febrero de 2023, autoridades federales desmantelaron mil 308 narcolaboratorios, concentrándose la mayoría en cinco entidades del país, entre ellas Michoacán. Añadirá que durante el primer semestre de 2025 se aseguraron 96 laboratorios a nivel nacional.
En el caso de Michoacán, destacará que durante 2025 y lo que va de 2026 se han localizado y asegurado laboratorios clandestinos en municipios como Madero, Morelia y Pátzcuaro, donde se decomisaron toneladas de metanfetamina y miles de litros de sustancias químicas peligrosas.
La propuesta contempla sanciones de dos a seis años de prisión y multa para quienes instalen u operen estos centros clandestinos, penas que podrían incrementarse hasta en una mitad cuando exista contaminación ambiental derivada de estas actividades.
Asimismo, se busca reforzar las sanciones para quienes posean o transporten químicos esenciales destinados a la producción de drogas sintéticas en estos espacios.
Finalmente, Sandra Arreola Ruiz hará un llamado al Congreso de la Unión para dar trámite a esta iniciativa, al sostener que la protección del medio ambiente, la salud pública y las comunidades expuestas debe asumirse como una prioridad.
