Morelia, Michoacán, 15 de agosto de 2026.- El desempeño de Carlos Torres Piña al frente de la Secretaría de Gobierno y posteriormente de la Fiscalía General del Estado (FGE) puede analizarse a partir de indicadores relacionados con gobernabilidad, investigación, reparación del daño e impunidad, además de su trayectoria de más de dos décadas en la actividad política.
Ambas responsabilidades plantearon retos distintos. Mientras que en la Secretaría de Gobierno una de sus principales tareas fue mantener la interlocución con organizaciones sociales, comunidades indígenas, transportistas, normalistas, municipios y diferentes actores políticos, en la Fiscalía los resultados estuvieron relacionados con investigaciones, mandamientos judiciales y atención a víctimas.
Durante su etapa al frente de la política interna, el Gobierno estatal reportó una reducción cercana al 67 por ciento en protestas y manifestaciones respecto al inicio de la administración. Esta disminución se presentó en un periodo en el que también se impulsaron mesas de diálogo y mecanismos de interlocución para atender diferentes demandas sociales.
Otro de los procesos desarrollados durante ese periodo estuvo relacionado con las comunidades indígenas y el ejercicio del presupuesto directo. El número de comunidades bajo este esquema aumentó respecto al registrado al comienzo de la administración, lo que implicó acompañar consultas, procesos internos y mecanismos de coordinación con los ayuntamientos.
Posteriormente, Torres Piña asumió la titularidad de la Fiscalía General del Estado, donde los indicadores utilizados para evaluar su desempeño se concentraron en la capacidad institucional para investigar y llevar los expedientes ante las autoridades judiciales.
Entre julio de 2024 y mayo de 2025 se reportaron 212 mandamientos judiciales cumplimentados sin detenido previo, mientras que entre julio de 2025 y mayo de 2026 la cifra llegó a 477, lo que representó un incremento cercano al 125 por ciento.
Otro indicador reportado durante su gestión fue la reparación del daño, que registró un crecimiento aproximado del 94 por ciento, relacionado con los mecanismos mediante los cuales las víctimas pueden obtener restitución patrimonial, compensaciones u otras soluciones jurídicas.
En materia de impunidad, la Fiscalía reportó en junio de 2026 un indicador de 67.68 por ciento, frente a una referencia nacional de 89.42 por ciento. Aunque el porcentaje estatal continuaba siendo elevado, la diferencia respecto al indicador nacional se ubicó por encima de los 20 puntos porcentuales.
Los resultados no implican que hayan quedado resueltos los desafíos relacionados con la conflictividad social, los procesos de autogobierno indígena o la procuración de justicia. Sin embargo, los indicadores permiten incorporar elementos cuantificables a la evaluación de las responsabilidades desempeñadas por Torres Piña.
De esta manera, su trayectoria puede ser analizada no solamente por los cargos que ha ocupado, sino también a partir de los resultados registrados durante su paso por instituciones encargadas de la gobernabilidad y la procuración de justicia en Michoacán.
