Morelia, Michoacán, a 16 de octubre del 2025.- Con el objetivo de ofrecer una respuesta más humana, eficiente y sensible ante la crisis de desapariciones en Michoacán, la diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Familiar de Michoacán, en materia de declaratoria de ausencia y presunción de muerte.
La legisladora subrayó que la desaparición de una persona no solo representa una tragedia humana, sino también una carga legal y emocional para miles de familias que enfrentan procedimientos largos, confusos y descoordinados para poder ejercer derechos básicos como acceder a bienes, herencias, pensiones, seguros o vivienda.
“En Michoacán hay miles de familias que viven en un limbo jurídico porque la ley actual las obliga a esperar años para resolver su situación. Esta reforma busca que la justicia llegue a tiempo y con empatía”, expresó Xóchitl Ruiz.
De acuerdo con cifras oficiales, hasta mayo de 2025 se contabilizaban 6 mil 829 personas desaparecidas o no localizadas en Michoacán, siendo los municipios de Morelia, Uruapan, Zamora, Apatzingán y Lázaro Cárdenas los de mayor incidencia. Más de la mitad de las víctimas tenían entre 20 y 39 años de edad.
Principales propuestas de la iniciativa:
Nombramiento de representante legal del ausente en un plazo máximo de 45 días. Posibilidad de solicitar la declaratoria de ausencia a partir del primer año de desaparición o a los seis meses si hay denuncia formal. La presunción de muerte podrá declararse un año después de la ausencia, o a los seis meses en casos especiales como guerra, siniestro o desaparición por delito. El Registro Civil deberá notificar automáticamente las declaratorias a la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado para mejorar la coordinación institucional.
Ruiz González aseguró que esta reforma reducirá significativamente los tiempos legales, brindará mayor certeza jurídica y garantizará procedimientos accesibles en todo el estado, incluyendo comunidades rurales.
“Esta reforma no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia y empatía. Reconoce el dolor de las familias michoacanas que buscan a sus seres queridos y les da herramientas para seguir adelante sin quedar abandonadas por la ley”, concluyó.
