Morelia, Michoacán, a 04 de marzo del 2026.- Con el objetivo de garantizar justicia, certeza jurídica y proporcionalidad en la actuación de las autoridades municipales, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado para evitar que negocios sean sancionados administrativamente sin responsabilidad acreditada, al señalar que “inocentes no deben pagar por delitos que no cometen”.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora expuso que en los municipios existen familias que sostienen su economía con negocios como tiendas, restaurantes, farmacias o cafeterías, construidos con ahorros, préstamos y años de trabajo, por lo que una clausura o multa injustificada puede representar pérdidas irreparables, despidos o el cierre definitivo.
Aguilar Mercado explicó que abrir un negocio formal implica cumplir requisitos, realizar trámites, pagar derechos y respetar reglamentos, y que contar con una licencia municipal refleja la voluntad de cumplir con la ley. Sin embargo, advirtió que actualmente, cuando ocurre un delito cometido por un tercero dentro o en las inmediaciones de un establecimiento, en algunos casos la consecuencia inmediata es la clausura o la imposición de multas al negocio, aun cuando el propietario no haya participado ni tolerado el hecho.
“Y entonces ocurre algo profundamente injusto: quien también fue víctima termina siendo tratado como responsable”, subrayó.
La iniciativa plantea que la comisión de un delito por parte de terceros no pueda traducirse automáticamente en sanciones administrativas para el establecimiento. En ese sentido, propone que toda medida sancionatoria deba derivar de un procedimiento formal, con derecho de audiencia y con responsabilidad plenamente acreditada, garantizando el respeto al debido proceso.
La coordinadora parlamentaria señaló que la reforma no busca debilitar las facultades municipales ni generar impunidad, sino asegurar que la potestad sancionadora se ejerza con legalidad, justicia y proporcionalidad. Además, puntualizó que cuando exista participación, encubrimiento o incumplimiento de la ley por parte del establecimiento, las sanciones deberán aplicarse con firmeza.
Finalmente, afirmó que el deber del Poder Legislativo es proteger a quienes cumplen con la ley y trabajan honestamente, al señalar que nadie debe perder el esfuerzo de toda una vida por un delito que no cometió.
