Morelia, Michoacán, 24 de junio de 2025.- Con el objetivo de proteger a niñas y niños que quedan en orfandad a causa de feminicidios, las diputadas Eréndira Isauro Hernández y Anabet Franco Carrizales, así como el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, presentaron una iniciativa que propone la pérdida automática de la patria potestad para quien sea vinculado a proceso o sentenciado por el delito de feminicidio, cuando tenga descendencia con la víctima.
La propuesta plantea reformas al Código Familiar y al Código Penal del Estado de Michoacán, con el propósito de garantizar el interés superior de la niñez y evitar que los hijos de mujeres víctimas de feminicidio queden bajo la tutela legal de sus agresores.
“Esta reforma busca reconocer la trascendencia de garantizar plenamente los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente en contextos donde han perdido a su madre en actos de violencia feminicida”, indicó la diputada Eréndira Isauro.
La legisladora explicó que esta iniciativa está alineada con el exhorto emitido por el Senado de la República en diciembre de 2023, en el cual se llamó a los congresos estatales a armonizar su legislación en esta materia.
Uno de los referentes fundamentales es la llamada Ley Monzón, surgida en el estado de Puebla tras el feminicidio de la activista Cecilia Monzón, y que ha servido como modelo para otras entidades del país.
Entre los elementos centrales de la propuesta se encuentra la reforma al artículo 425 bis del Código Familiar, que establece la pérdida de la patria potestad cuando el agresor sea condenado por feminicidio, y su suspensión desde el momento en que se emita un auto de vinculación a proceso por el mismo delito, cuando existan hijos menores en común con la víctima.
Asimismo, la reforma al artículo 120 del Código Penal propone que, en estos casos, se aplique como sanción la pérdida de la patria potestad a fin de garantizar el derecho de la niñez a vivir en un entorno seguro, afectivo y libre de violencia.
La iniciativa también se fundamenta en principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), que obligan a las autoridades a anteponer el interés superior de la infancia en toda decisión legal o administrativa.
La propuesta fue turnada a comisiones y se espera que sea dictaminada en las próximas semanas. De aprobarse, Michoacán se sumaría a las entidades que han actualizado su legislación para proteger jurídicamente a niñas y niños víctimas indirectas de feminicidio.
