Morelia, Michoacán a 16 de octubre de 2025.- La diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México, presentó en el Congreso del Estado la iniciativa denominada “Ley Nicole”, con la que se busca prohibir las cirugías estéticas o electivas en menores de edad, salvo en casos donde exista un diagnóstico médico justificado por parte de un especialista diferente al que realizará la intervención.
La propuesta surge tras el fallecimiento de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que murió luego de ser sometida a cirugías de aumento de mamas, liposucción y lipotransferencia. “El cuerpo de una niña o adolescente debe ser protegido y acompañado, no intervenido o modificado”, expresó la legisladora con voz conmovida desde la tribuna.
Contra la violencia estética en la niñez
Arreola Ruiz subrayó que este tipo de intervenciones, aunque sean autorizadas por los padres, muchas veces responden a una presión social derivada de estándares de belleza inalcanzables, que representan una forma de violencia estética y de violencia de género.
“Detrás de cada cirugía innecesaria hay una herida profunda que nace de una cultura que impone modelos crueles de belleza”, dijo, al recordar que el pasado 20 de septiembre, la muerte de Paloma Nicole “estremeció a todo México”.
Cierre a vacíos legales
La diputada advirtió que actualmente la Ley de Salud de Michoacán presenta vacíos que han permitido procedimientos sin regulación adecuada, sin garantizar el consentimiento informado pleno ni la protección del menor como usuario de los servicios de salud.
La “Ley Nicole” plantea reformar dicha ley estatal para:
Incluir conceptos como consentimiento informado, intervención electiva y usuario de servicios de salud. Reconocer de forma expresa los derechos de los pacientes, en concordancia con la legislación federal. Prohibir intervenciones quirúrgicas con fines estéticos a menores, salvo diagnóstico médico que acredite afectaciones físicas o psicológicas, emitido por otro profesional.
Arreola Ruiz enfatizó que esta iniciativa representa un acto legislativo de justicia, prevención y responsabilidad social, y hace un llamado a proteger a las juventudes de prácticas riesgosas e innecesarias.
