Por: Horacio Erik Avilés Martínez*
El inicio de las preinscripciones digitales para el ciclo escolar 2026-2027 en Michoacán, anunciado por la Secretaría de Educación del Estado (SEE), representa un avance que debe ser reconocido. Desde Mexicanos Primero Michoacán, organización fundada en 2009, hemos insistido durante más de quince años en la necesidad de implementar e-gobierno en materia educativa y digitalizar los trámites administrativos. Ver que finalmente se materializa esta exigencia histórica es motivo de satisfacción.
La plataforma digital, ubicada en https://dti.see.michoacan.gob.mx/sistema-integral-see/preinscripciones, busca agilizar el proceso de preinscripción para preescolar, primaria y secundaria, evitando que madres y padres de familia pernocten en filas interminables afuera de las escuelas con mayor demanda. Con más de 334 mil registros digitales en el ciclo anterior, la respuesta ciudadana ha sido notable y demuestra la disposición de las familias michoacanas a adoptar estos mecanismos. Este es un logro que no puede pasar desapercibido y que marca un antes y un después en la relación entre las familias y el sistema educativo estatal.
Sin embargo, el entusiasmo debe ser temperado por la realidad estadística de Michoacán. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024 del INEGI, el 82.5% de los michoacanos accede a Internet, pero solo el 67.7% de los hogares cuenta con conexión en casa. Esta brecha del 14.8% es significativa y representa miles de familias que quedan al margen del proceso digital desde el inicio.
Más preocupante aún es la disponibilidad de computadoras. A nivel nacional, solo el 43.9% de los hogares dispone de computadora, ya sea laptop, tablet o de escritorio. En Michoacán, históricamente la disponibilidad ha estado por debajo de la media nacional. De hecho, en 2014, Michoacán se encontraba entre las entidades con menos de una cuarta parte de hogares con computadora, junto con Puebla, Veracruz y Guerrero. Aunque la situación ha mejorado en la última década, la brecha persiste y condiciona el acceso real a servicios digitales.
Si consideramos que Michoacán tiene aproximadamente 900 mil alumnos en educación básica, y que las preinscripciones digitales requieren acceso a Internet y dispositivos, es evidente que un segmento importante de familias enfrenta barreras tecnológicas significativas.
Las barreras de conectividad en Michoacán son particularmente severas en zonas rurales y comunidades alejadas. En el ámbito rural nacional, solo el 66% de las personas de 6 años o más utiliza Internet, comparado con el 85.5% en zonas urbanas. Esta brecha de casi 20 puntos porcentuales se traduce en exclusión digital para miles de familias michoacanas que habitan en la sierra, en comunidades indígenas, en rancherías dispersas donde la señal de celular es inexistente y la infraestructura de telecomunicaciones es precaria o nula.
Las principales razones por las cuales los michoacanos no acceden a Internet revelan la complejidad del problema. El 59.1% señala desconocimiento en su uso, el 15.2% manifiesta falta de interés o necesidad, el 11.7% carece de recursos económicos y el 8.8% simplemente no tiene puntos de acceso disponibles. Estas cifras demuestran que la exclusión digital no es solo una cuestión de infraestructura, sino también de alfabetización digital, desigualdad económica y patrones culturales que han marginado a sectores enteros de la población del mundo digital.
La pregunta fundamental que debemos hacernos es si un sistema de preinscripciones exclusivamente digital puede atender adecuadamente a los niveles educativos michoacanos cuando existe una brecha digital tan pronunciada. La respuesta, lamentablemente, es un rotundo no. Si solo el 67.7% de los hogares michoacanos tiene acceso a Internet en casa, y considerando que las preinscripciones requieren conocimientos técnicos básicos que el 59.1% de los no usuarios carece, estamos excluyendo potencialmente a más de 300,000 familias del proceso automatizado. Esto sin contar a quienes tienen acceso limitado solo a través de datos móviles o en lugares públicos, cuya experiencia de usuario es precaria y frustrante.
Las matemáticas son claras y contundentes. Con 334,000 registros digitales en el ciclo anterior de un universo de aproximadamente 935,749 estudiantes en educación básica, estamos alcanzando solo al 35.7% de la población estudiantil total. Aunque no todos estos estudiantes requieren preinscripción, dado que solo aplica para nuevo ingreso, la cifra sugiere que el alcance del sistema digital está lejos de ser universal. Más grave aún, esta cifra probablemente sobrerrepresenta a familias urbanas de clase media con acceso a tecnología, mientras que las familias más vulnerables, aquellas que más necesitan de un sistema eficiente y transparente, quedan sistemáticamente excluidas.
Desde el punto de vista técnico, la plataforma de la SEE solicita datos básicos como CURP, nombre completo, peso y talla del estudiante, e información de contacto del padre o madre. El sistema genera un comprobante de cita descargable y lo envía por correo electrónico. La simplicidad del proceso es admirable y muestra que hubo un esfuerzo por hacerlo intuitivo. Sin embargo, la “sencillez técnica” asume condiciones que no son universales en Michoacán. Requiere acceso estable a Internet, un correo electrónico activo y funcional, capacidad de descargar e imprimir documentos, y conocimientos digitales básicos que incluyen navegar por un sitio web, llenar formularios en línea y entender conceptos como “descargar” o “archivo PDF”. Para las 801,039 personas en Michoacán que no acceden a Internet, y para muchas otras que apenas saben usar un teléfono celular básico, esta “sencillez” es una barrera infranqueable.
Uno de los argumentos más poderosos a favor de la digitalización es la transparencia y el combate a la corrupción. Las preinscripciones en papel históricamente han sido terreno fértil para prácticas irregulares que todos conocemos, pero pocas veces se denuncian. La venta de lugares por parte de intermediarios que cobran por “asegurar” un espacio en escuelas de alta demanda ha sido una constante en el sistema educativo. El tráfico de influencias, donde funcionarios otorgan preferencia a familiares o conocidos sin importar el orden de llegada, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. La manipulación de listas, con alteración arbitraria del orden de preinscripción, ha generado innumerables conflictos y quejas que rara vez prosperan. Los cobros indebidos, esas cuotas extraoficiales para “agilizar” el proceso, representan un impuesto ilegal sobre las familias más necesitadas. Y quizás lo más grave, el condicionamiento político, la vinculación del acceso educativo con filiaciones partidistas o apoyos a candidatos, pervierte el sentido mismo de la educación como derecho universal.
El sistema digital tiene el potencial de blindar estos procesos al generar registros automáticos con fecha y hora verificables que no pueden ser alterados discrecionalmente, al eliminar el contacto directo entre solicitantes y funcionarios en la etapa inicial del trámite, al crear bases de datos auditables que permiten verificación posterior, y al reducir significativamente la discrecionalidad en la asignación de citas. Estos son avances reales y tangibles que merecen ser celebrados.
Sin embargo, la digitalización no garantiza automáticamente la transparencia ni elimina el riesgo de corrupción, simplemente lo transforma. Es fundamental que los algoritmos de asignación sean públicos y auditables, que cualquier ciudadano pueda entender bajo qué criterios se asignan las escuelas. Deben existir mecanismos ciudadanos de verificación, no basta con que el gobierno declare que el sistema es justo, debe demostrarlo con evidencia accesible. Se deben publicar estadísticas desagregadas sobre el proceso que incluyan cuántas solicitudes se recibieron por escuela, cuántas fueron aceptadas, cuántas rechazadas, y bajo qué criterios. Se necesitan sistemas de denuncia accesibles que no requieran trámites burocráticos imposibles para presentar una queja. Y sobre todo, debe existir sanción efectiva para cualquier irregularidad detectada, porque un sistema sin consecuencias es un sistema que invita a la corrupción.
El riesgo de nuevas formas de corrupción digital es real y debe ser anticipado. La manipulación de bases de datos por personal con acceso privilegiado, la creación de cuentas falsas para acaparar lugares y luego venderlos, el favorecimiento algorítmico oculto en el código que prioriza ciertas solicitudes sobre otras sin criterio transparente, o el acceso privilegiado al sistema para ciertos usuarios conectados políticamente, son amenazas que existen y deben ser neutralizadas. La SEE debe garantizar que existe supervisión técnica independiente, auditorías de código realizadas por terceros especializados, y mecanismos de control ciudadano que incluyan a organizaciones de la sociedad civil en la vigilancia del proceso.
Las preinscripciones digitales representan un avance innegable en la modernización del sistema educativo michoacano, pero su implementación revela profundas desigualdades que no podemos ignorar. Como ciudadanos comprometidos con el derecho a la educación, debemos exigir que este proceso sea verdaderamente inclusivo y transparente.
Si usted es padre o madre de familia y enfrenta dificultades para realizar la preinscripción digital por falta de acceso a Internet o dispositivos, no dude en acudir directamente a la escuela de su preferencia para solicitar apoyo. Es responsabilidad de las autoridades educativas garantizar que ningún niño, niña o joven quede excluido del sistema por barreras tecnológicas.
Si usted detecta irregularidades en el proceso, cobros indebidos o cualquier práctica que condicione el acceso a la educación, le invitamos a documentarlo y denunciarlo. La transparencia solo es posible con vigilancia ciudadana activa.
En la segunda parte de este análisis, que publicaremos próximamente, profundizaremos en los riesgos del intermediarismo digital, los “coyotes” que lucran con la brecha tecnológica, y presentaremos propuestas concretas para transformar este primer paso en un verdadero sistema de e-gobierno educativo que garantice el derecho de cada niña, niño y joven michoacano a estar, aprender y participar.
Porque la tecnología debe estar al servicio de los derechos, nunca convertirse en una barrera adicional para quienes más necesitan del sistema educativo. Seguiremos con las propuestas.
Continúa en la segunda parte…
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
