Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 2026.- El diputado local Alfonso Chávez presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de fortalecer la protección integral de la infancia mediante la capacitación obligatoria, al menos dos veces al año, a los Sistemas DIF municipales por parte del Sistema DIF Estatal.
El legislador señaló que, en la mayoría de los casos, los DIF municipales representan la primera instancia de contacto institucional para niñas, niños y adolescentes que enfrentan situaciones de violencia, abandono, negligencia o abuso, por lo que consideró necesario que su actuación sea profesional, oportuna y sustentada en protocolos especializados.
Alfonso Chávez advirtió que actualmente existen diferencias importantes en las capacidades técnicas, jurídicas y operativas entre los municipios, derivadas de la falta de procesos sistemáticos de capacitación y del desconocimiento de reglamentos y protocolos ya existentes, lo que puede provocar respuestas desiguales o retrasos en la atención.
La propuesta plantea reformar la fracción VI del artículo 74 de la ley en la materia, sin crear nuevas estructuras, a fin de establecer de manera expresa la obligación de capacitar de forma periódica a los sistemas municipales.
De acuerdo con la iniciativa, estas capacitaciones deberán incluir temas fundamentales como la protección integral de derechos, mecanismos de atención y canalización, procedimientos de restitución de derechos y la correcta aplicación de protocolos en casos de violencia, abuso, negligencia u otras situaciones que pongan en riesgo la integridad física, psicológica o emocional de personas menores de edad.
Asimismo, se busca fortalecer la coordinación entre el DIF estatal y los DIF municipales para lograr una actuación más homogénea y alineada con el interés superior de la niñez.
El diputado subrayó que fortalecer las capacidades institucionales de quienes atienden a la infancia no es solo una medida administrativa, sino una responsabilidad ética y jurídica del Estado.
Finalmente, sostuvo que esta reforma representa un paso para garantizar que ninguna niña, niño o adolescente quede sin protección y que todas las autoridades cuenten con herramientas claras para proteger, atender y restituir sus derechos.
