Morelia, Michoacán, 10 de diciembre de 2025.- El diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó una iniciativa de reforma a seis leyes estatales con el propósito de obligar a todos los poderes públicos, organismos autónomos, ayuntamientos y entidades paraestatales a implementar protocolos de prevención y atención de la violencia, el acoso y el hostigamiento sexual por razones de género.
La propuesta contempla modificaciones a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, así como a las leyes orgánicas de la Administración Pública, los Ayuntamientos, el Congreso, el Poder Judicial y la de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán. Con ello, se plantea establecer la obligación legal de crear, aplicar y actualizar un protocolo homologado en cada institución.
Durante su intervención en el Pleno, Ocampo sostuvo que, además de reconocer derechos en el marco normativo, se requieren mecanismos claros para proteger a las mujeres en los espacios públicos. En ese contexto, expuso que la iniciativa busca que las instituciones públicas cuenten con herramientas obligatorias de prevención, atención y sanción frente a conductas de acoso y hostigamiento.
El legislador argumentó que los delitos vinculados a violencia familiar, abuso sexual, acoso y hostigamiento mantienen una tendencia al alza, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Señaló que, ante este panorama, se vuelve necesario fortalecer la respuesta institucional y evitar que estas conductas se normalicen en entornos laborales del servicio público.
La iniciativa plantea que cada dependencia incluya definiciones precisas, principios rectores como confidencialidad, no revictimización y debida diligencia, además de mecanismos confidenciales de denuncia, medidas cautelares inmediatas, sanciones administrativas, estrategias de difusión y capacitación permanente.
Finalmente, Ocampo indicó que la reforma busca armonizar el marco jurídico estatal con instrumentos y estándares nacionales e internacionales en materia de derechos de las mujeres, con el objetivo de consolidar espacios laborales públicos libres de discriminación, acoso y hostigamiento por razones de género.
