Morelia, Michoacán, 14 de septiembre de 2026.- El diputado local del PRI, Memo Valencia, presentó una iniciativa para sancionar penalmente prácticas abusivas relacionadas con el cobro de créditos solidarios y garantizados por aval, con penas que irían de dos a seis años de prisión.
La propuesta plantea castigar al titular de la acción mercantil, apoderado legal o abogado que promueva o ejecute judicialmente el cobro total de una deuda cuando existan personas acreditadas que ya hayan cumplido con la parte que les correspondía.
Valencia señaló que la iniciativa busca evitar que, bajo la figura del crédito solidario, se reclamen judicialmente cantidades superiores al saldo insoluto real y que ello derive en embargos o afectaciones patrimoniales para personas en situación vulnerable.
El legislador sostuvo que estas prácticas pueden generar presión económica y psicológica sobre las familias, particularmente cuando cuentan con pocos recursos o con escaso acceso a información jurídica.
De acuerdo con Valencia, la asociación civil Revolución Social ha documentado casos en los que empresas, despachos y abogados presuntamente utilizan procedimientos mercantiles para ejercer cobros desproporcionados o prácticas que calificó como abusivas.
El diputado afirmó que la intención es sancionar posibles conductas de mala fe procesal, despojo o usura cuando se utilice el sistema judicial para exigir pagos que no correspondan legalmente.
Finalmente, llamó a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado a revisar y dictaminar la iniciativa con rapidez, con el objetivo de evitar mayores afectaciones patrimoniales a las personas involucradas.
