Por Erik Horacio Avilés.
En esta semana coincidieron una tormenta tropical que obligó a suspender clases, una marcha de normalistas que dejó negocios destrozados en la capital, acuerdos opacos entre la autoridad y la CNTE, bloqueos carreteros en nombre de la resistencia indígena, una megamarcha del sector salud con presencia magisterial, un rezago de trámites tras quince días de oficinas tomadas y un reporte de la Fiscalía que confirma un aumento del cuarenta y dos por ciento en los robos a escuelas. Visto por separado, cada suceso parece un problema distinto con su propio responsable y explicación. Visto en conjunto, cuenta una sola historia: la de un gobierno que es omiso, que improvisa, que reacciona y que deja a los niños, a los maestros y a sus respectivas familias pagando el costo social de errores del funcionariado.
La tormenta Simón obligó a suspender clases presenciales en siete municipios de la costa y zonas de riesgo. La decisión fue correcta. Lo preocupante es lo que revela. El clima extremo ya no es una excepción en un estado de costas y sierras como el nuestro y buena parte de nuestros planteles no soporta una lluvia fuerte. Cada incidente meteorológico, se pierden horas efectivas de clase que luego nadie recupera; ante lo cual, los padres improvisan con quién dejar a sus hijos mientras los docentes reescriben su planeación de emergencia. Esto exige presupuesto para reforzar la infraestructura vulnerable y, sobre todo, un protocolo serio de educación a distancia de emergencia para que un día de contingencia no se convierta, automáticamente, en un día perdido.
La infraestructura, de hecho, apareció también en la gira del titular de la SEP y la de la SEE por Cotija, Tingüindín y Tocumbo. Que las autoridades visiten el occidente del estado es una buena noticia, pero las giras se miden por lo que ocurre después de la fotografía. Las escuelas rurales y semiurbanas de Michoacán arrastran un rezago histórico. Cada visita oficial levanta expectativas que, si no se cumplen, profundizan la desconfianza. Lo que hace falta es un sistema permanente de atención a los planteles, con presupuesto etiquetado para mantenimiento continuo y auditorías que verifiquen que el dinero se convierta en techos firmes, baños dignos y aulas completas.
El quince de octubre, estudiantes normalistas marcharon desde la zona de Xangari, realizando a su paso actos de vandalismo y destrozos con palos y piedras en negocios de Morelia. Conviene decirlo sin rodeos: la exigencia de certeza laboral es legítima, pero la violencia no lo es. Esa distinción importa porque, durante décadas, la presión violenta ha sido una moneda de cambio que el Estado ha aceptado y premiado con dádivas. Así, la pedagogía de la protesta enseñó a generaciones de jóvenes que la fuerza funciona mejor que el mérito. El resultado es perverso: los propios estudiantes terminan criminalizados por la opinión pública, los comerciantes pierden su mercancía y la ciudadanía queda atrapada entre el pánico y el caos vial. La respuesta debe ser ser la aplicación firme del estado de derecho, comenzando por que haya procesos de asignación de plazas tan transparentes y auditables que no dejen sospecha ni margen alguno para la discrecionalidad, ni para la venta de espacios.
Esa lógica de presión y negociación se repitió en la mesa que concluyó con nuevos acuerdos entre la Secretaría de Educación y la CNTE, entre ellos el inicio de la contratación de egresados normalistas y la revisión del nivel de telesecundaria. Hay que reconocer que contratar a quienes ya terminaron su formación es algo que debía ocurrir y que los alumnos que reciban a un maestro nuevo son los grandes beneficiados. Pero también hay que reconocer lo que el acuerdo confirma: que los derechos laborales parecen obtenerse por la vía de la movilización y no por la administrativa. Apaciguar la calle es útil, pero no es gobernar. Gobernar sería resolver el rezago de las telesecundarias antes de que se convierta en pliego petitorio y construir mesas permanentes de trabajo que funcionen sin necesidad de una marcha que las anteceda.
El mismo patrón volvió a mostrarse el doce de octubre, cuando integrantes de la CNTE se sumaron al Consejo Supremo Indígena y a otras organizaciones, en el marco del Día de la Resistencia Indígena, para bloquear carreteras y tomar vialidades estratégicas de Morelia. La alianza no es casual, porque sindicatos y comunidades unen agendas que van de los derechos laborales a la defensa del territorio y aprovechan una fecha de enorme peso simbólico. Es una estrategia política legítima en su origen, aunque con consecuencias muy concretas: transportistas varados, comercio golpeado, escuelas con asistencia mermada y una ciudadanía cada vez más cansada de las manifestaciones. La falla es de quienes gobiernan. Todos sabían que el doce de octubre habría movilizaciones, y bastaba con atender a tiempo las demandas para desactivar el conflicto sin reprimir ni sacrificar el libre tránsito.
Al día siguiente, el magisterio se unió a la megamarcha de los trabajadores de la salud, con afectaciones viales frente a sedes de gobierno en Morelia, Zamora y Uruapan. Sería un error leer esa unión como oportunismo. Los maestros son derechohabientes del ISSSTE y padecen, como millones de mexicanos, la falta de medicamentos, las citas postergadas y la mala atención. Que se solidaricen con los médicos y enfermeras es una reacción comprensible ante un problema estructural. Pero el resultado paraliza al mismo tiempo servicios médicos y educativos, problemática que solo se desactivará con una inyección presupuestal real a las clínicas, con abasto suficiente de insumos y con contratación de personal médico. Mientras eso no ocurra, la inconformidad seguirá encontrando aliados.
Quizá lo más grave de la semana sea el saldo de 15 días de toma de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación del Estado. Al liberarse el edificio, quedó a la vista una carga crítica de trámites acumulados, con resoluciones y gestiones detenidas que afectan a docentes de base sin ninguna culpa en el conflicto, a maestros de nuevo ingreso que esperan su ubicación y a directores que enfrentan plantillas con huecos. Detrás de cada expediente detenido hay un maestro sin cobrar, un jubilado sin su pensión o una escuela sin docente, porque el oficio de asignación no pudo imprimirse. Retener la oficina es parar la máquina burocrática. Quien lo hace sabe exactamente cuánto presiona. La respuesta moderna es digitalizar por completo los trámites, con firma electrónica y gobierno digital, para que la operación del sistema educativo no dependa de un edificio de ladrillos. Y mientras eso se logra, el Estado debe garantizar el resguardo de sus instalaciones para proteger el derecho al trabajo de quienes sí quieren trabajar.
Paralelamente, la SEE emitió el 15 de octubre un aviso para asegurar a los trabajadores que las dispersiones quincenales están garantizadas. Es una buena noticia, porque Michoacán arrastra una historia crónica de quiebra financiera y de retrasos salariales que generó años de angustia quincenal entre los maestros estatales. Pero una garantía que se anuncia cada quincena revela que sigue sin resolverse el problema de fondo. Mientras la nómina educativa dependa de rescates de última hora, la estabilidad será provisional. Lo que corresponde es concluir de manera definitiva la federalización de la nómina, para que cobrar a tiempo deje de ser una noticia.
En medio de tantos conflictos, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas presentó el Decálogo para Educación Básica, una propuesta para regular el uso de celulares en las aulas. Es quizá la noticia más esperanzadora de la semana, porque ataca un problema que ya nadie discute: la hiperconexión ha deteriorado la atención, ha multiplicado el ciberacoso y ha afectado la comprensión lectora. Pero un decálogo sugerido no protege a ningún director que le retire un teléfono a un alumno y reciba después la queja de un padre molesto o hasta una denuncia penal en su contra. Para que la medida funcione, debe convertirse en un marco normativo estatal que respalde a directivos y maestros, la cual debe de arroparse con formación continua docente y de actividades que realmente sustituyan la pantalla. Quitar el teléfono sin ofrecer algo mejor es solo prohibir, no educar.
La Fiscalía Estatal confirmó un aumento 42% en los robos a planteles educativos, con setenta y cuatro escuelas saqueadas en lo que va del año, justo cuando distintas regiones arrastraban clases perdidas desde el inicio del ciclo. Los paros dejan los planteles abandonados, la vigilancia municipal es escasa y existe un mercado negro que compra cobre, computadoras y proyectores sin hacer demasiadas preguntas. Cada robo borra de la noche a la mañana el poco avance tecnológico de una escuela pobre, ante lo cual, con frecuencia son los padres quienes terminan pagando una cuota para reponer lo perdido mientras los directores se pierden en la burocracia del seguro escolar. Se necesitan rondines nocturnos obligatorios, cámaras y alarmas conectadas al C5, investigación y desmantelamiento de los puntos de venta de objetos robados, así como un fondo revolvente de respuesta rápida que reponga el equipo sin cargar la cuenta a las familias.
Al final, lo que une a estos sucesos es el desenlace: la tormenta, las marchas, los bloqueos, las tomas y los robos causan aulas vacías. Ningún reclamo, por justo que sea, puede construirse sobre el aprendizaje de los alumnos, y ninguna autoridad puede seguir gobernando a golpes de coyuntura.
Por eso termino con una invitación a la acción. A las autoridades educativas y de seguridad les pido que traduzcan este diagnóstico en un plan público, con metas, presupuesto y fechas y que lo sometan al escrutinio ciudadano. Estas fueron las lecciones de la semana y deberían de resolver a la brevedad, para que no se siga elevando el costo de su curva de aprendizaje, porque, demostradamente, los estudiantes más caros que se pagan en el sistema educativo michoacano son sus funcionarios; su colegiatura la liquidamos con nuestros impuestos, sin que haya evidencias de estar adquiriendo competencias.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.