Morelia, Michoacán, 18 de Septiembre de 2025.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del Estado (FGE) presentaron un escrito de amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el objetivo de que el máximo tribunal siente un precedente que impida la reducción de penas en casos de feminicidio.
El recurso se enmarca en el Amparo Directo en Revisión 4872/2024, derivado del feminicidio de Jessica González Villaseñor. Ambas instituciones apelaron a este mecanismo jurídico, también conocido como “Amigo de la Corte”, para aportar argumentos técnicos y de derechos humanos con perspectiva de género, buscando proteger a las víctimas indirectas.
La intención es que la SCJN resuelva a favor de las familias afectadas, evitando que futuros feminicidas obtengan reducciones de condena. Con ello se fortalecería la sanción de este delito, enviando un mensaje de cero tolerancia a la violencia feminicida tanto en Michoacán como en el resto del país.
Jessica fue víctima de feminicidio en septiembre de 2020. Su agresor, Diego Urik Mañón Melgoza, recibió inicialmente una condena de 50 años de prisión; sin embargo, un tribunal de alzada redujo la sentencia a 42 años y seis meses. Ante ello, los familiares promovieron un amparo que resultó desfavorable, lo que originó el recurso de revisión que hoy analiza la SCJN.
El documento entregado por la CEDH y la FGE sostiene que la reducción de la pena constituye una vulneración al acceso a la justicia y un agravio para las víctimas indirectas. Además, recalca que el feminicidio, por su gravedad e impacto social, requiere sanciones ejemplares y proporcionales al daño causado.
El pronunciamiento cuenta con el respaldo del titular de la FGE, Carlos Torres Piña, y del presidente de la CEDH, Josué Mejía Pineda, quienes refrendaron su compromiso de acompañar a las víctimas y de impulsar acciones firmes para garantizar justicia a mujeres, adolescentes y niñas en Michoacán.
