Morelia, Michoacán, a 13 de junio de 2025. En un esfuerzo por mejorar la salud y reducir el impacto económico de enfermedades crónicas, el Congreso del Estado de Michoacán, a través de la 76 Legislatura, aprobó reformas al artículo 5 de la Ley para la Prevención, Atención y Tratamiento Integral del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria para el Estado de Michoacán de Ocampo.
Durante la Sesión Ordinaria, el Pleno Legislativo votó a favor del Dictamen presentado por la Comisión de Salud y Asistencia Social, derivado de una iniciativa del Diputado J. Reyes Galindo Pedraza. La reforma establece que la Secretaría de Salud deberá establecer convenios, campañas y programas con instituciones públicas y privadas. El objetivo es mejorar la salud ocupacional, la adecuada nutrición y la salud física de los trabajadores del sector público en la entidad.
La adición de las fracciones X y XI al artículo 5 de la mencionada ley busca prevenir enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares entre los funcionarios públicos michoacanos.
De acuerdo con el Dictamen, la Secretaría de Salud del Estado tendrá un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de la reforma para diseñar, implementar y coordinar las estrategias necesarias que aseguren su cumplimiento, en colaboración con las instituciones involucradas.
Se destacó que los trastornos alimentarios y sus efectos en la salud integral son resultado de factores como “hábitos nocivos de alimentación, dinámicas laborales intensas, y entornos con baja cultura de autocuidado”. Por ello, el Estado debe impulsar políticas públicas que integren el autocuidado, la buena alimentación y la prevención de enfermedades en el entorno laboral.
La exposición de motivos del Dictamen subraya que “la salud constituye el valor más preciado para toda persona”, y que el Estado debe implementar acciones firmes en entornos laborales que favorezcan el autocuidado y la prevención de enfermedades crónicas.
El Dictamen también enfatiza la urgencia de una acción institucional compartida por los sectores público, privado, social y educativo, para evitar que la atención de enfermedades como la diabetes e hipertensión generen un severo impacto económico, que actualmente representa hasta el 5% del Producto Interno Bruto nacional debido a la pérdida de productividad y el aumento del gasto público en salud.
