Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2026.- El Congreso de Michoacán aprobó reformas que contemplan penas de 5 a 15 años de prisión para quienes recluten, induzcan o utilicen a niñas, niños y adolescentes para cometer delitos, mediante la incorporación de la iniciativa conocida como “Pollitos de Colores”, impulsada por el diputado local y dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes.
El legislador celebró la aprobación de su propuesta, al considerar que representa un avance para atender una problemática que afecta a menores de edad, principalmente en comunidades vulnerables donde, según señaló, existen riesgos de reclutamiento por parte de organizaciones criminales.
Memo Valencia sostuvo que la incorporación de esta figura delictiva permite reconocer una realidad que, desde su perspectiva, no ha recibido suficiente atención por parte de las autoridades.
“Estamos visibilizando algo que muchos pretenden invisibilizar, como si no existiera, la operación del crimen organizado en todo Michoacán”, expresó.
El diputado explicó que la reforma busca sancionar a las personas que involucren a menores de edad en actividades delictivas, independientemente de las responsabilidades penales que puedan enfrentar por otros hechos.
De acuerdo con lo aprobado, podrá imponerse una pena de 5 a 15 años de prisión a quien induzca, procure, facilite, auxilie, fomente o utilice a una niña, niño o adolescente para realizar cualquier delito, ya sea consumado o en grado de tentativa.
Valencia señaló que esta disposición permitirá investigar y sancionar de manera específica la utilización de menores en actividades criminales, además de los delitos que puedan acreditarse en cada caso.
“Cuando se detenga a alguien que tenga bajo sus órdenes a niños o niñas menores de edad, aparte de los delitos por los que se les va a castigar, portación de arma de fuego, cualquiera de los que se les impute, aquí podrán ser inculpados por otro delito más”, explicó.
Advierte sobre el reclutamiento de menores en zonas marginadas
El dirigente estatal del PRI afirmó que las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan algunas comunidades michoacanas pueden facilitar que menores de edad sean presionados o inducidos para participar en actividades delictivas.
En ese sentido, señaló que existen niñas, niños y adolescentes cuya infancia se ve interrumpida al ser involucrados en hechos violentos por organizaciones criminales.
El legislador consideró que la aprobación de la reforma representa un primer paso para atender una deuda pendiente con la sociedad y proteger a quienes se encuentran en mayor riesgo.
“Es un asunto que era un reclamo, y más que un reclamo, una deuda con la sociedad. Creo que hoy se da un primer paso para que se pague esa deuda”, manifestó.
Durante su intervención, Valencia también hizo referencia al asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, al señalar que, presuntamente, un menor de edad reclutado por el crimen organizado estuvo involucrado en el crimen.
El diputado utilizó este caso para argumentar la necesidad de establecer responsabilidades penales específicas para quienes incorporan a menores de edad a estructuras delictivas.
Asimismo, explicó que la iniciativa contempla sancionar a los adultos responsables del reclutamiento, tomando en cuenta que las personas menores de edad se encuentran sujetas a un sistema de justicia distinto al de los adultos.
PRI respalda las modificaciones aprobadas
Memo Valencia informó que tanto él como la diputada Adriana Campos Huirache votaron a favor de las reformas que incorporan la propuesta.
El legislador destacó que el objetivo de su trabajo parlamentario es impulsar modificaciones legales que puedan aplicarse y contribuir a atender las problemáticas de seguridad que enfrenta Michoacán.
Finalmente, sostuvo que la aprobación de la iniciativa “Pollitos de Colores” constituye una herramienta jurídica para perseguir el reclutamiento y la utilización de menores en actividades delictivas.
La reforma busca que quienes involucren a niñas, niños y adolescentes en la comisión de delitos puedan enfrentar sanciones específicas de hasta 15 años de prisión, además de las consecuencias legales correspondientes a otras conductas que se les acrediten.