Morelia, Mich., a 14 de marzo de 2022. – La Fiscalía General de la República (FGR) se negó a absorber el caso Arantepacua por las cuatro ejecuciones, casos de tortura y allanamientos ilegales registrados en esa comunidad los pasados 04 y 05 de abril de 2017, a manos de la Policía Michoacán.
La decisión de la FGR se da luego de que comuneros de la demarcación indígena, respaldados por su defensa jurídica, solicitarán la intervención de dicha instancia de procuración de justicia, ante la inacción que dijeron encontrar en la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.
Enrique Guerrero, representante legal de las víctimas de Arantepacua, señaló que la FGR rechazó hacer efectiva su facultad de atracción del caso, por no encontrar elementos suficientes para ello.
Cabe mencionar que las víctimas de Arantepacua buscaban el cobijo de la FGR debido a que dijeron encontrar un conflicto de intereses en la Fiscalía General del Estado sobre el caso, tomando en cuenta que su titular, Adrián López Solís, era secretario de Gobierno durante la masacre que se vivió en Arantepacua hace casi 5 años.
“El pasado 2 de junio acudimos a la Fiscalía General de la República y solicitamos la facultad de atracción del caso, porque las autoridades locales no sólo han sido omisas, también cómplices, y no nos sorprende porque el entonces secretario de Gobierno, Adrián López Solís, ahora es Fiscal. Se necesitaría ser muy ingenuo para creer que el responsable de la procuración de justicia en el estado vaya a juzgarse a sí mismo, o a su patrón el gobernador Silvano Aureoles”, declaró el representante legal de las víctimas en una entrevista concedida cuando se solicitó la intervención de la FGR, en junio de 2021.
Es importante recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “acreditó la violación al derecho humano a la vida en agravio de cuatro personas fallecidas; el derecho a la integridad personal de 37 personas lesionadas, incluyendo 8 policías estatales; la vulneración del derecho humano a la libertad, a la seguridad e integridad personal por actos constitutivos de tortura en agravio de las 10 personas detenidas y por los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a las 38 personas detenidas”, durante la intervención que tuvo la SSP en un conflicto agrario entre las comunidades de Capácuaro y Arantepacua, los pasados 4 y 5 de abril de 2017.
Además de acreditar que la Policía Michoacán incidió en ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura y allanamientos ilegales, la CNDH recomendó que el exgobernador Silvano Aureoles Conejo se disculpara públicamente por los hechos ocurridos, cosa que nunca sucedió.
Ante este escenario, las víctimas de Arantepacua temen que no se haga justicia por los caídos en la comunidad, a 5 años de que la Policía Michoacán entrará a la demarcación para hacer todo tipo de atropellos a los derechos humanos, bajo el pretexto de que se estaba interviniendo en un conflicto agrario.
