En Michoacán, los intérpretes de lengua de señas trabajan sin reconocimiento ni formación profesional

Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2025.- En pleno Día Internacional del Intérprete de Lengua de Señas, la realidad en Michoacán evidencia una deuda social y gubernamental: los intérpretes siguen sin ser reconocidos como profesionales, trabajan con limitaciones y sin un sistema de formación formal que respalde su labor.

Víctor Manuel Mújica Vega, integrante de la Agencia de Intérpretes y Traductores de Lengua de Señas en Michoacán, advirtió que, pese a los avances en materia de inclusión, el estado y el país “siguen en pañales”, pues no existe ni siquiera una carrera técnica que forme intérpretes de manera adecuada.

Actualmente, la única opción de acreditación es la certificación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). Sin embargo, su costo elevado y la baja remuneración que reciben quienes ejercen, impiden que la mayoría pueda acceder a ella.

“Se han hecho intentos con liderazgos sordos e intérpretes para abrir espacios de formación, pero nunca hemos tenido eco ni apoyo real de las autoridades. El tema sigue siendo una deuda pendiente a nivel nacional”, lamentó.

En Michoacán, Mújica estimó que existen entre 20 y 25 intérpretes activos, pero muchos no están certificados. Esta precariedad impacta directamente en la comunidad sorda, donde 4 o 5 de cada 10 personas no dominan la lengua de señas, principalmente porque nacieron en familias oyentes sin acceso temprano a este medio de comunicación.

La falta de información oficial agrava el panorama: ni siquiera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) cuenta con datos precisos sobre la población sorda en el estado, lo que limita la creación de políticas públicas para garantizar inclusión y derechos básicos.

El llamado de los intérpretes es claro: reconocimiento, formación académica formal y apoyo institucional. De lo contrario, la comunidad sorda seguirá enfrentando barreras de comunicación que vulneran su derecho a la información, la educación y la participación social.