Por Horacio Erik Avilés Martínez
Después de más de 51 reuniones entre representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE, el gobierno de Claudia Sheinbaum está en proceso de entablar un acuerdo político cuyas consecuencias fiscales y educativas podrían ser inéditas en la historia reciente del país.
La CNTE pide fundamentalmente desaparecer la USICAMM y sustituirla con un sistema que, en la práctica, devuelva el control de las plazas a los sindicatos; derogar la Ley del ISSSTE de 2007 y regresar al esquema solidario de pensiones, así como aumentar el salario docente en un cien por ciento. Cada una de estas demandas tiene consecuencias propias. Juntas, representan la transformación más costosa que podría imponérsele al erario educativo en décadas. Revisémoslas por separado, con los números sobre la mesa.
1. Desaparecer la USICAMM.
La USICAMM nació viciada. Plataformas que caían, criterios opacos, procesos lentos, una desconexión estructural con la realidad de las comunidades rurales e indígenas: nadie en el campo técnico defiende a la USICAMM en su forma actual. Pero una cosa es reformar un organismo deficiente y otra muy distinta es desmantelarlo sin arquitectura de reemplazo, entregando el proceso a los mismos actores que convirtieron el sistema previo a 2013 en un mercado de plazas.
En Michoacán, la UESICAMM distribuye plazas entre facciones. Aspirantes universitarios de la UMSNH, normalistas independientes y profesionistas con vocación acreditada han denunciado que son bloqueados al intentar acceder a los procesos, por carecer del aval sindical. El consejo directivo de la Unidad Estatal es la institucionalización del reparto de poder y recursos.
Las consecuencias de desaparecer la USICAMM sin garantías sólidas son el regreso del control gremial total sobre el ingreso docente en estados con hegemonía de la CNTE; la restauración del mercado de plazas, con precios aproximados de 300 mil pesos por una plaza de base; la cancelación del acceso meritocrático para egresados universitarios, normalistas independientes y cualquier aspirante que no cuente con el aval sindical; y el desvanecimiento progresivo de cualquier sistema de evaluación diagnóstica que permita identificar a los docentes que necesitan apoyo y a los que merecen reconocimiento.
El costo fiscal directo de desaparecer la USICAMM es relativamente menor: aproximadamente 2,300 millones de pesos. El costo real es otro: es el que se paga en aprendizajes perdidos por treinta millones de estudiantes que serán asignados a maestros elegidos por cuota política en lugar de por mérito pedagógico.
La nueva ley que sustituya a la USICAMM debe contener criterios de ingreso públicos, competitivos y verificables, que no puedan sustituirse por pertenencia sindical; órganos de supervisión con autonomía técnica real y representación ciudadana; mecanismos de impugnación accesibles y vinculantes; y representación formal de padres de familia y sociedad civil. Sin esos cuatro elementos, la abrogación de la USICAMM será una redistribución del mercado de plazas entre los mismos actores de siempre.
III. Derogar la Ley del ISSSTE: 7 billones de pesos que nadie tiene
El 8 de junio de 2026, el director del ISSSTE dijo que derogar la Ley del ISSSTE de 2007 y regresar al sistema solidario costaría el equivalente a 20 puntos del PIB mexicano —alrededor de 7 billones de pesos solo para constituir el nuevo fondo de reserva actuarial. Para dimensionar esa cifra: el presupuesto completo de la Secretaría de Educación Pública para 2026 es de 1.25 billones de pesos. Los 7 billones requeridos equivalen a 5.6 veces ese presupuesto total. Son el dinero que México gastaría en educación en casi seis años, sin construir una sola aula ni contratar un solo maestro adicional.
La demanda de la CNTE nace de una injusticia real y documentada. Un maestro que hoy gana 20,351 pesos mensuales —salario promedio docente en 2026 según la SEP— podría retirarse con apenas 6,000 a 8,000 pesos bajo el sistema de cuentas individuales. Pero la solución que propone la Coordinadora tiene el mismo problema de fondo que la enfermedad que pretende curar: es injusta con otra generación. Solo que ahora la generación afectada es la de los contribuyentes actuales y futuros, incluyendo a los propios hijos de los maestros.
El sistema solidario que la CNTE quiere restaurar tiene un pecado original: la demografía. Funciona cuando hay cuatro o más trabajadores activos por cada jubilado. En el ISSSTE de 2026, esa relación ya es de 2.5 a 1 —tres millones de activos frente a 1.2 millones de jubilados— y se deteriorará consistentemente en las próximas décadas. El número de pensionados del ISSSTE se duplicará en los próximos 30 años. El sistema solidario que se propone restaurar será insolvente al momento de restaurarlo, desde el primer día.
El Estado tendría que crear el fondo desde cero, acumulando los 7 billones necesarios sin disponer del capital ya existente. Mientras tanto, pagaría simultáneamente las pensiones del sistema actual, los compromisos del décimo transitorio y las pensiones futuras del nuevo sistema solidario: tres capas de obligaciones superpuestas sobre un erario que ya destina el 6 por ciento del PIB a pensiones —el doble de lo que destinaba en 2018.
¿Cómo se podrían reunir los 7 billones? Las rutas existen, pero ninguna es cómoda. Eliminar el subsidio neto a PEMEX —que en 2026 recibirá 263 mil millones en transferencias, más de lo que aporta al erario— y redirigirlo al fondo pensionario liberaría entre 150 y 263 mil millones anuales. Subir la tasa del Derecho Petrolero para el Bienestar del 30 al 40 por ciento generaría 50 a 80 mil millones adicionales. Aplicar un impuesto real a las herencias de alto valor rendiría entre 40 y 80 mil millones anuales. Cerrar las renuncias recaudatorias regresivas del ISR empresarial, donde las grandes corporaciones pagan tasas efectivas de apenas 1 a 8 por ciento contra una tasa nominal del 30, podría agregar entre 200 y 400 mil millones.
Combinando diez medidas fiscales disponibles —PEMEX, predial, impuesto a transacciones financieras, IEPS al tabaco y alcohol, reforma al ISR, impuesto a herencias, combate a la evasión fiscal y la emisión de bonos de longevidad pensionaria— se podría acumular entre 860 mil millones y 1.55 billones anuales adicionales. El fondo de 7 billones se reuniría en 5 a 8 años. El problema es político, porque esas medidas afectan a los grupos con mayor capacidad de resistencia: las grandes empresas, los grandes propietarios de activos y de la renta petrolera.
La medida más dramática, pero también la más socorrida por regímenes populistas suele ser la emisión de bonos de deuda, lo cual sería desastroso en el momento en el que México tiene la máxima deuda histórica en 202 años de historia nacional, así como cuando se cayó en la cualificación crediticia, a la par que empeñaría el presupuesto nacional por décadas para pagar réditos altos a quienes se atreviesen a invertir en esos bonos. Las consecuencias serían desastrosas.
IV. El cien por ciento de aumento salarial: ¿de qué presupuesto?
La tercera demanda de la CNTE, aumento salarial del cien por ciento, es la que más claramente ilustra la brecha entre la lógica del pliego petitorio y la lógica del Presupuesto de Egresos de la Federación. El cien por ciento de aumento que pide la CNTE costaría, aproximadamente 360 mil millones de pesos anuales adicionales —diez veces el monto del aumento ya otorgado. Una nómina magisterial que hoy se estima en torno a los 400 a 450 mil millones de pesos anuales llegaría a 800 a 900 mil millones.
El salario promedio docente en 2026 es de 20,351 pesos mensuales según la SEP. Duplicarlo implicaría llevar ese promedio a más de 40,700 pesos. Son salarios razonables en términos de justicia distributiva para una profesión esencial. Pero su costo total en el contexto de una nómina de 1.2 millones de docentes federales y estatales es el doble del presupuesto de toda la función educativa federal.
Las tres demandas de la CNTE en conjunto —USICAMM, ISSSTE, salarios— tendrían un costo anual adicional estimado entre 700,000 y 1,400,000 millones de pesos, más un costo de capitalización inicial de 7 billones de pesos.
La SEP está negociando, en nombre del Estado, la arquitectura institucional que decidirá quién enseña a los niños mexicanos durante los próximos treinta años. Su contraparte, la CNTE, lleva décadas demostrando que sus prioridades son gremiales y políticas. Los niños de Michoacán, cuyo aprendizaje se ubica consistentemente entre los más bajos del país, no tienen representante en esa mesa.
La ironía mayor de este proceso: la solución para la pensión digna del maestro depende de gravar al empresario, reformar a PEMEX y capturar la riqueza que se hereda sin impuesto. El gobierno tiene los votos en el Congreso para hacer esas tres cosas. Lo que no tiene, aparentemente, es la voluntad de pelearse con más de un actor poderoso al mismo tiempo. Es más fácil decirle que sí a la CNTE que decirle que sí a una reforma fiscal que afecte a quienes financian campañas.
Por lo anterior, desde Mexicanos Primero Michoacán formulamos las siguientes propuestas:
Que la iniciativa que sustituya a la USICAMM tenga un proceso de consulta pública que incluya a especialistas independientes, organizaciones civiles y representantes de padres de familia.
Que se ligue el presupuesto de la nueva ley que reemplace a la USICAMM a resultados de aprendizaje medibles. Cualquier sistema de ingreso docente que no produzca mejoras verificables en los aprendizajes de los estudiantes debe ser sujeto a revisión automática.
Implementar las medidas que permitirían financiar la reforma pensionaria sin comprometer la educación: eliminar gradualmente el subsidio neto a PEMEX, introducir un impuesto progresivo a herencias de alto valor, cerrar las renuncias recaudatorias del ISR empresarial y elevar la carga tributaria del 14.6 al 18 por ciento del PIB, ampliando la base tributaria.
Desmantelar los mecanismos opacos de la UESICAMM, antes de que llegue la nueva ley se transparente la integración y funcionamiento de su Consejo Directivo y permita la verificación ciudadana independiente de los procesos de asignación de plazas.
Una pensión digna para los maestros de México es una causa justa. Mejores salarios para quienes educan a la infancia son una deuda social real. Un sistema de ingreso docente transparente y meritocrático es una necesidad urgente. Ninguna de esas tres cosas se logra con el modelo que la CNTE propone, sino con una reforma fiscal que tenga el valor de tocar a los que más tienen y con una arquitectura institucional que tenga el valor acotar a quienes se benefician del desorden.
Decirle que sí a la CNTE en su agenda pública es aplazar con recursos de otros una deuda que, tarde o temprano, los niños pagarán.
En contraste, seguir escondiendo su agenda confidencial vuelve cómplices a los funcionarios que recibieron las peticiones ignominiosas y no han informado a la nación lo que realmente quieren.
Pero, son tiempos de definiciones de candidaturas en 17 estados; son tiempos de contratar trabajadores eventuales por la libre, porque el 31 de mayo se venció la idoneidad de los participantes en los procesos de USICAMM y, también, son momentos para disfrutar el Mundial, es decir, de parar el sistema educativo nacional. Al buen entendedor…
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
