Artículo de opinión por Horacio Erik Avilés Martínez
Michoacán arrancó el ciclo escolar 2026-2027 con miles de estudiantes menos y ningún balance que lo explique. El 31 de agosto la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) anunció que Michoacán vivía su “quinto ciclo escolar completo”, con más de 900 mil estudiantes de educación básica, cerca de 12 mil escuelas en los 113 municipios y más de 69 mil docentes recibiendo el nuevo año lectivo. Tres semanas después, esa misma versión oficial sigue sin acompañarse de un dato imprescindible: cuántos alumnos realmente iniciaron clases, cuántos ya no están y por qué. La opacidad, más que la cifra en sí es la condición que define este arranque.
Partimos de la ausencia de un balance del ciclo anterior. La administración estatal llegó al 31 de agosto sin haber presentado todavía un balance verificable del ciclo 2025-2026 que recién cerró. No hay corte de matrícula final, no hay reporte de días efectivamente trabajados frente a los 185 programados, y no hay una explicación pública sobre la absurda vacancia de más de dos meses que sufrió la titularidad de la SEE. Iniciar un ciclo escolar sin cerrar contablemente el anterior no es un detalle administrativo: es la puerta por la que se cuela la opacidad que después impide saber cuántos estudiantes se perdieron y en qué condiciones.
Más aún: las cifras de cierre de ciclo escolar, que acaban de subirse al Sistema de Información y Gestión Educativa, son las mismas que está usando la autoridad para hablar de este nuevo ciclo escolar, como si automáticamente, todos los estudiantes que concluyeron el ciclo escolar pasado estuviesen matriculados ahora, sin ruptura de trayectoria escolar alguna, sin que exista migración, razones socioeconómicas, familiares ni fenómeno delincuencial alguno que afectase al estudiantado.
La matrícula michoacana lleva tres ciclos cayendo. Los propios registros oficiales, contrastados con el reporte nacional de la Secretaría de Educación Pública, muestran una trayectoria descendente sostenida. Michoacán pasó de un millón 273 mil estudiantes hace dos ciclos, a un millón 247 mil 21 al cierre de 2024-2025, y a un millón 240 mil 227 al cierre de 2025-2026, la última cifra oficial disponible. Es decir, entre esos dos últimos ciclos completos el estado perdió 6 mil 794 estudiantes. Ese es el punto de partida real con el que Michoacán entra a 2026-2027, porque las autoridades educativas todavía no han publicado la matrícula de arranque de este ciclo: la cifra de 900 mil que se difundió el 31 de agosto corresponde solo a educación básica y no permite reconstruir el panorama completo ni compararlo con los ciclos previos.
La caída golpea más a los hombres que a las mujeres. El desglose por sexo de esos mismos registros oficiales revela un patrón que merece atención pública. De los 6 mil 794 estudiantes que Michoacán dejó de tener entre el cierre de 2024-2025 y el de 2025-2026, 4 mil 371 fueron hombres y 2 mil 423 fueron mujeres: casi dos terceras partes de la pérdida corresponden a varones. En un estado donde el propio análisis educativo reconoce que los adolescentes y jóvenes son el segmento más expuesto al reclutamiento forzado por parte de grupos criminales, esta asimetría no puede leerse como una curiosidad estadística. Exige preguntar, con nombre y apellido municipal, hacia dónde se están yendo esos jóvenes que dejan de aparecer en las aulas.
Más escuelas y más maestros, pero menos alumnos. El mismo periodo registra un dato que contradice la lógica de una crisis de cobertura simple: el número de escuelas creció de 12 mil 795 a 12 mil 894, y la planta docente pasó de 83 mil 493 a 83 mil 539 profesores, mientras la matrícula caía. Esto no es necesariamente una buena noticia disfrazada de estadística; puede ser el síntoma de un sistema que no ha logrado reconvertir su oferta hacia donde realmente hay demanda. Como se ha documentado en el corredor de los aguacates y las frutillas, donde las familias jóvenes siguen creciendo y necesitando escuelas, mientras en el centro histórico de Morelia y otras cabeceras los turnos vespertinos se vacían y algunos planteles urbanos pierden matrícula sin que la autoridad traslade personal ni infraestructura hacia las zonas de mayor necesidad.
Una cobertura que ya era crítica antes de esta caída. Los indicadores de cierre del ciclo 2024-2025 mostraban que solo 75 de cada 100 jóvenes en edad de cursar secundaria estaban inscritos; en bachillerato la proporción bajaba a uno de cada dos, y en educación superior a apenas uno de cada cuatro. Mexicanos Primero Michoacán ha insistido en que, si todos los jóvenes en edad de cursar media superior y superior reclamaran su lugar, el sistema educativo michoacano colapsaría por falta de espacios. A esto se suma que Michoacán registra un millón 270 mil personas en rezago educativo, más que el número total de estudiantes inscritos, y que el analfabetismo cuenta a 242 mil personas en esa situación.
Las plazas docentes no alcanzan ni de lejos. Antes del cierre del ciclo pasado se habían presentado mil 700 solicitudes de jubilación, mientras las escuelas normales del estado egresan, en el mejor de los años, mil 80 nuevos docentes. El déficit estructural para este arranque ronda los 620 maestros, y la respuesta oficial —una entrega parcial de entre 550 y 555 plazas de primaria en 70 u 72 municipios, apenas una semana antes del inicio de clases— no cierra esa brecha. Egresados normalistas de Tiripetío, Arteaga y de la Urbana Jesús Romero Flores cerraron las instalaciones de la SEE el 18 de agosto para exigir que se revisara ese mismo proceso, al denunciar que la convocatoria favoreció un perfil específico de aspirantes. La certeza sobre quién entra a dar clases, y con qué mérito, sigue pendiente.
Estamos en un año preelectoral, porque se acaba de dar el arranque del proceso electoral 2026-2027, ya en marcha desde septiembre, con la renovación de la gubernatura en el horizonte. La historia reciente de Michoacán muestra que estos calendarios electorales han terminado politizando calendarios escolares, presupuestos y hasta las bardas de las escuelas.
El telón de fondo de la violencia no ha desaparecido. Aunque el discurso oficial insiste en que el arranque fue “sin incidencias”, el ciclo que acaba de cerrar dejó cicatrices que las autoridades no han terminado de esclarecer: el asesinato de dos maestras en Lázaro Cárdenas, el magnicidio del alcalde de Uruapan, el desplazamiento forzado de comunidades escolares en la zona de Buenavista Tomatlán y escuelas reconvertidas en cuarteles improvisados en Apatzingán. Hemos señalado reiteradamente que, el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia carece de medidas específicas de protección a la comunidad educativa frente a balaceras, extorsión a docentes y suspensiones intempestivas de clases. Que no se haya registrado una incidencia el primer día no significa que el riesgo estructural se haya resuelto.
La prueba PISA confirma el estancamiento, no lo resuelve. El 8 de septiembre, apenas una semana después del arranque, se dieron a conocer los resultados de PISA 2025: México obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias, todos por debajo del promedio de la OCDE, con un retroceso de siete puntos en matemáticas y en lectura respecto a 2022. El problema para Michoacán es que esa radiografía nacional no se desagrega por entidad, de modo que el estado sigue sin una fotografía propia y confiable de cuánto están aprendiendo realmente sus estudiantes de 15 años. La ausencia deliberada de evaluaciones estandarizadas estatales —PLANEA, ERCE, TALIS, ICCS— convierte a PISA en el único espejo nacional disponible, cuyo reflejo llega sin rostro michoacano.
Sin cifras confiables, Michoacán no puede saber si un municipio necesita diez maestros o cien, si una zona expulsa jóvenes hacia el trabajo infantil o hacia el reclutamiento criminal, ni si una beca está salvando trayectorias escolares o solo maquillando el abandono. La opacidad no es neutral: traslada la decisión de dónde invertir, a quién proteger y qué alertar de las autoridades hacia el azar. Sin diagnóstico no hay prevención posible y los daños, como el abandono escolar, reclutamiento o el rezago acumulado en aprendizajes se detectan años después, cuando ya son irreversibles para esa generación. Contar mal, o no contar, equivale a decidir no intervenir a tiempo.
Michoacán no puede seguir arrancando ciclos escolares con el mismo guion de anuncios triunfales y silencio estadístico. Es urgente que la Secretaría de Educación del Estado publique, en un plazo perentorio, el balance completo y verificado del ciclo 2025-2026 y la matrícula real de arranque de 2026-2027, desagregada por municipio, nivel educativo y sexo, para que la sociedad pueda dimensionar con precisión dónde están los siete mil estudiantes que ya no aparecen y hacia dónde se dirigen los que faltan por contar. Es indispensable también que la asignación de plazas docentes se realice con listas de prelación públicas y auditables, y que el gobierno estatal presente, junto con el Congreso local, un plan multianual que cierre la brecha entre jubilaciones y egresados normalistas, en lugar de resolverla por goteo político una semana antes de cada arranque.
La sociedad civil michoacana, los medios de comunicación, los padres y madres de familia organizados y el propio Congreso del Estado tienen la responsabilidad de exigir que la educación deje de administrarse como un espacio de propaganda y pase a rendir cuentas como cualquier otra política pública esencial. La niñez y la juventud de Michoacán no pueden seguir pagando, ciclo tras ciclo, el costo de una opacidad que a nadie más le cuesta el puesto. ¡Merecemos un gobierno educador!
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
