Detención del rector de la UACAM desata acusaciones de persecución política y pone en la mira la autonomía universitaria en Campeche

Morelia, Michoacán a 13 de enero de 2025.- La detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, ha generado una fuerte controversia política y académica en el estado, luego de que autoridades locales lo arrestaran bajo la presunta posesión de una sustancia ilícita durante una inspección vehicular.

El arresto ocurrió la mañana de este lunes cuando el rector viajaba en un vehículo oficial de la universidad acompañado de su esposa y su chofer. Aunque la versión policial sostiene que se trató de un operativo de rutina, el contexto político ha provocado dudas inmediatas dentro y fuera de la comunidad universitaria.

Diversos sectores recuerdan que Abud Flores rompió relación con el gobierno estatal tras llegar al cargo con el respaldo inicial de la gobernadora Layda Sansores, lo que derivó en una serie de desencuentros institucionales y presiones para removerlo de la Rectoría. En ese escenario, la detención fue interpretada como un posible intento de desestabilización interna.

Horas después del arresto, integrantes de la comunidad universitaria denunciaron intentos irregulares para convocar una sesión extraordinaria del Consejo Universitario en una sede alterna, con el objetivo de destituir de manera inmediata al rector, lo que elevó aún más las sospechas de una operación política.

El Consejo Universitario de la UACAM calificó la detención como injustificada, mientras que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) emitió un pronunciamiento respaldado por rectores de instituciones como la UNAM y el IPN, exigiendo que el caso sea tratado sin sesgos ni presiones políticas.

El organismo nacional advirtió que la autonomía universitaria no puede ser vulnerada mediante el uso del aparato de seguridad del Estado, y llamó a respetar los procesos legales y administrativos.

El caso no solo abre un debate sobre la legalidad del procedimiento policial, sino que también plantea un escenario preocupante para las instituciones autónomas en Campeche, donde el conflicto entre poder político y academia parece haber cruzado una línea delicada.