La Piedad, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Manuel “N”, señalado por el presunto incumplimiento de sus obligaciones alimentarias en perjuicio de dos menores de edad, luego de acumular un adeudo de 152 mil 500 pesos por concepto de pensión alimenticia.
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía Regional de La Piedad, el imputado tenía la obligación legal de proporcionar recursos económicos para la manutención de sus hijos, conforme a una resolución judicial emitida en noviembre de 2020.
La FGE detalló que el 4 de noviembre de 2020, el Juzgado Mixto de Primera Instancia de La Piedad dictó una sentencia definitiva mediante la cual estableció que Manuel “N” debía entregar una pensión alimenticia mensual de 2 mil 500 pesos, además de una despensa con productos básicos.
Estas obligaciones fueron determinadas con el propósito de garantizar la alimentación y otras necesidades esenciales de los dos menores de edad.
Sin embargo, según los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público, el investigado habría incumplido de manera reiterada con los pagos establecidos por la autoridad judicial.
La falta de cumplimiento generó un adeudo que, conforme a las actualizaciones contempladas en la investigación, alcanzó los 152 mil 500 pesos.
Ante esta situación, la Fiscalía Regional de La Piedad inició las diligencias correspondientes para determinar la posible responsabilidad penal del señalado.
Como resultado de las investigaciones, el Ministerio Público reunió los elementos necesarios para solicitar una orden de aprehensión contra Manuel “N”, misma que fue concedida por la autoridad judicial.
Posteriormente, el investigado fue presentado ante el órgano jurisdiccional, donde se llevó a cabo la audiencia inicial y la representación social expuso los datos de prueba relacionados con el presunto incumplimiento de la obligación alimentaria.
Tras analizar los elementos presentados, el juez determinó vincular a proceso a Manuel “N”, además de imponer las medidas cautelares correspondientes.
Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual podrán desarrollarse las diligencias necesarias para continuar con el procedimiento penal.
La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, por lo que será durante las siguientes etapas judiciales cuando se determine la responsabilidad penal del imputado.
Finalmente, la Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de investigar las conductas que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente aquellas relacionadas con el acceso a los recursos necesarios para su alimentación, bienestar y desarrollo integral.