Congreso del Estado aprueba reformas constitucionales para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y el bienestar animal

Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- El Pleno de la 76 Legislatura del Congreso del Estado aprobó reformas constitucionales para garantizar el acceso a un medio ambiente sano, así como la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y el bienestar animal, mediante la asignación clara de responsabilidades a los distintos niveles de gobierno y a la ciudadanía.

Durante la sesión ordinaria, las y los diputados avalaron reformas a los artículos 123 y 139, así como la adición de párrafos a los artículos 2 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, con lo que se establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, saludable y sostenible, indispensable para su desarrollo y bienestar.

Las reformas señalan que el Estado, los municipios y los gobiernos comunales deberán garantizar este derecho, promoviendo la justicia ambiental, el manejo sustentable de los recursos naturales, la preservación y restauración de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la prevención, control y remediación de la contaminación.

Asimismo, se establece la obligación de adoptar medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños ambientales, incluyendo el uso de tecnologías de geoprocesamiento y análisis de datos espaciales. También se reconoce el derecho de la ciudadanía a participar de manera plena en la protección del medio ambiente, así como su deber de contribuir a su cuidado.

En materia de bienestar animal, la Constitución prohíbe la crueldad y el maltrato, y mandata a las autoridades estatales, municipales y comunales a garantizar el trato digno y la protección de los animales domésticos y silvestres. Además, se dispone que el desarrollo económico y las políticas públicas deberán orientarse bajo criterios de sustentabilidad y uso responsable de los recursos naturales.

El Congreso del Estado contará con un plazo improrrogable de 180 días hábiles para realizar las adecuaciones normativas necesarias, mientras que los ayuntamientos y el Ejecutivo estatal deberán efectuar los ajustes orgánicos y administrativos correspondientes en el mismo periodo.