Morelia, Michoacán, 20 de junio de 2025.- En una decisión unánime, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó reformas sustanciales a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial con el objetivo de frenar abusos y actos de corrupción relacionados con los servicios de arrastre y depósito de vehículos. La iniciativa fue impulsada por el diputado Hugo Rangel Vargas, presidente de la Comisión de Movilidad y Comunicaciones.
Las modificaciones aprobadas buscan establecer reglas claras y mecanismos de transparencia para regular los servicios de grúas y corralones en la entidad, los cuales, según el legislador, han operado durante décadas bajo esquemas discrecionales y con escasa vigilancia.
“Estas reformas colocan por fin el interés público por encima del negocio privado”, afirmó Rangel Vargas, al destacar que los ciudadanos han sido obligados históricamente a pagar tarifas excesivas sin criterios claros ni garantías sobre el estado y resguardo de sus vehículos.
Entre los cambios aprobados, se precisan las causales que justifican el envío de un vehículo al corralón, se armonizan los reglamentos municipales con la legislación estatal, y se establece la obligación de publicar todas las tarifas aplicables, mismas que deberán ser autorizadas por el Congreso y fiscalizadas por la Secretaría de Finanzas y Administración conforme a la Ley de Gobierno Digital.
Asimismo, se incorpora el uso de un sistema informático para registrar el ingreso y salida de vehículos, con el fin de mejorar el control sobre el servicio y garantizar el adecuado resguardo de las unidades.
A través de nuevas fracciones en el artículo 42 de la ley, se otorgan atribuciones a la Secretaría de Seguridad Pública para vigilar el cumplimiento de las tarifas autorizadas, establecer lineamientos claros para la operación de los depósitos vehiculares y garantizar el acceso público a la información sobre costos y procedimientos.
El legislador afirmó que estas reformas constituyen un acto de justicia para miles de michoacanos y michoacanas afectados por prácticas abusivas, y subrayó que el Congreso tiene la responsabilidad de impedir que estos servicios continúen operando sin supervisión ni rendición de cuentas.
“Estas reformas no resuelven todo, pero sientan un precedente: en Michoacán, el negocio de las grúas ya no será tierra de nadie”, concluyó Hugo Rangel.
