Morelia, Michoacán a 25 de agosto de 2025.- Un joven de 19 años, identificado como Ángel, quien vivía bajo la tutela del DIF Michoacán, perdió la vida tras ser atropellado cuando se dirigía en bicicleta hacia su trabajo. El caso ha generado atención pública luego de que el conductor señalado como responsable solicitara acogerse a un mecanismo alternativo de solución de controversias para llegar a un acuerdo reparatorio.
De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, el imputado fue identificado plenamente tras huir del lugar del accidente. No enfrenta prisión preventiva, ya que el hecho se clasificó como culposo y no existen pruebas de que estuviera bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia al momento del percance.
Actualmente, la investigación se centra en determinar quién podrá ser reconocido como víctima indirecta, requisito indispensable para que se pueda negociar una reparación del daño. Dado que Ángel no contaba con familiares cercanos, se estudia la posibilidad de que sea el propio DIF Michoacán quien asuma esta figura legal, al haber tenido la tutela del joven.
Si no se localizan familiares, corresponderá a la institución aceptar o rechazar cualquier propuesta que presente el imputado. Sin embargo, autoridades ministeriales recalcaron que la intención de un acuerdo no significa que se extinga la responsabilidad penal; en caso de que no proceda, el proceso judicial continuará conforme lo establece la ley para los delitos de carácter culposo.
Este hecho pone sobre la mesa un reto poco abordado: ¿qué sucede cuando una persona bajo resguardo institucional muere sin una red familiar que lo represente? La respuesta no solo es jurídica, sino también profundamente humana, al exhibir las limitaciones de las instituciones para garantizar justicia y acompañamiento en estas circunstancias.
