Morelia, Michoacán a 4 de febrero de 2026.- Una controversia inesperada sacudió al Senado de la República luego de que autoridades internas procedieran a clausurar un salón de belleza que operaba dentro del complejo legislativo. El cierre ocurrió tras la difusión de reportes y material audiovisual que evidenciaban la existencia de un espacio dedicado a servicios estéticos en instalaciones federales.
El caso tomó fuerza cuando en redes sociales comenzaron a circular versiones que señalaban la posible participación de figuras políticas en la habilitación del lugar. Esto detonó cuestionamientos sobre si el establecimiento funcionaba bajo esquemas irregulares o con algún tipo de respaldo institucional.
Ante la presión mediática, representantes del Senado aclararon que el servicio no se financiaba con recursos públicos y que no formaba parte de los servicios oficiales del recinto. Sin embargo, la explicación no frenó el debate sobre la autorización del espacio y la percepción ciudadana respecto a privilegios dentro de estructuras gubernamentales.
Legisladoras mencionadas en la polémica rechazaron cualquier vínculo administrativo con el salón y calificaron las versiones como exageradas o fuera de contexto. Aun así, la discusión pública giró hacia la transparencia en el uso de instalaciones federales y los límites entre servicios privados y funciones institucionales.
El personal de seguridad procedió a colocar sellos de clausura mientras se inician revisiones administrativas para determinar si existía algún contrato o permiso formal. De acuerdo con fuentes legislativas, la Comisión de Administración podría emitir un informe para aclarar responsabilidades.
Más allá del cierre del establecimiento, el episodio reavivó un tema recurrente: la confianza ciudadana en el manejo de espacios públicos y la percepción de privilegios dentro del poder legislativo. Analistas coinciden en que este tipo de controversias, aunque menores en apariencia, impactan la credibilidad institucional.
