La Fiscalía General del Estado de Michoacán cumplimentó las primeras cinco órdenes de aprehensión derivadas del caso Arantepacua, un operativo ocurrido hace casi nueve años en el municipio de Nahuatzen y que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, así como varios detenidos y lesionados. Entre los capturados destacan el ex director de Tránsito estatal, Jorge Alvarado Serrato, y el ex titular del Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público (AROP), Juan Carlos Juárez Rico, ambos funcionarios durante la administración del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo.
Además de estos ex mandos, también fueron detenidos los policías estatales Azael Vázquez Andrade, Bulmaro Ramírez González y Marco Antonio Ramírez Guadarrama, señalados por su presunta participación en los hechos. La autoridad informó que aún quedan pendientes 11 órdenes de aprehensión por cumplimentar, en un caso que ha cobrado relevancia nacional por la gravedad de los delitos investigados, entre ellos homicidio, abuso de autoridad y tortura.
El caso también alcanza al ex mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia y cuenta con ficha roja de la Interpol. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Aureoles es buscado en los 196 países miembros de este organismo, por lo que podría ser detenido fuera del país en cualquier momento.
De acuerdo con las investigaciones, el 26 de marzo de 2026 un juez giró 16 órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos estatales vinculados al operativo en Arantepacua. Entre los implicados también figura el ex secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona. Asimismo, el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reveló que uno de los mandamientos judiciales por homicidio fue librado contra Aureoles, quien presuntamente huyó del país con apoyo del crimen organizado.
En paralelo, la Fiscalía mantiene abiertas otras líneas de investigación contra el ex gobernador por presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos relacionados con la construcción de cuarteles durante su administración. El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, señaló que Aureoles habría salido del país tras ser ubicado en el Aeropuerto de Jalisco, presuntamente con ayuda de un grupo delincuencial.
Este caso, que durante años permaneció en la exigencia de justicia por parte de las víctimas, comienza a tener avances significativos con las primeras detenciones, mientras las autoridades intensifican la búsqueda de los demás implicados.
