Horacio Erik Avilés Martínez
En los primeros días de marzo, México pudo haberse mirado en el espejo con honestidad. Se realizaron anuncios generosos, se brindaron cifras esperanzadoras y se firmaron acuerdos con solemnidad ante los reflectores. Pero fue también, si uno leía con cuidado entre líneas, un periodo de confesiones incómodas. Porque mientras el gobierno celebraba que las mujeres ya son mayoría en las universidades del país, un informe oficial admitía casi en voz baja que el 27% de los niños con discapacidad y el 16% de los niños indígenas no asisten a la escuela.
Mientras se abría el registro masivo para la Beca Rita Cetina y se anunciaban 80 mil nuevos lugares en bachillerato, la CNTE confirmaba un paro de 72 horas, el cual una vez más pondría en pausa el derecho de miles de niños a aprender.
El contraste es tan estridente que resulta imposible ignorarlo: México avanza; sí, pero sobre un piso profundamente desigual, donde los que quedan atrás son siempre los mismos.
Comencemos por la noticia que debería encabezar todos los titulares. El Programa Sectorial de Educación 2025-2030 reveló que más de uno de cada cuatro niños con discapacidad en México no tiene acceso a la educación. Uno de cada seis niños indígenas tampoco está en la escuela. Son números que están, serenos y devastadores, en un documento oficial que el propio Estado mexicano firmó y publicó.
Se habla de cientos de miles de niñas y niños que hoy no están sentados frente a un pizarrón, no están aprendiendo a leer, no están formando la identidad intelectual que toda infancia merece construir. No están porque el sistema no los vio, o peor aún, los vio y decidió que adaptarse a ellos era demasiado costoso, complicado o distante de la narrativa del bienestar que conviene contar.
La Constitución mexicana, en su artículo tercero, establece el derecho de toda persona a recibir educación. No dice “toda persona excepto quienes tienen una discapacidad”, ni “toda persona excepto quienes hablan una lengua indígena”. Lo dice sin matices porque los derechos, por definición, no admiten excepciones basadas en origen o condición. Y, sin embargo, la realidad estadística que el propio gobierno ha documentado demuestra que esa universalidad sigue siendo, en México, una aspiración en lontananza y no una realidad.
Lo más urgente es entender qué produce esa inequidad y exigir que desaparezca. La exclusión educativa de los niños indígenas es el resultado acumulado de décadas de escuelas multigrado sin materiales en lengua materna, de docentes monolingües asignados a comunidades plurilingües, de caminos de terracería que hacen inaccesible la escuela más cercana en temporada de lluvias. La exclusión de los niños con discapacidad es arquitectura escolar sin rampas, es currículo sin lenguaje de señas, es docentes sin formación en pedagogías inclusivas; es, en suma, una concepción del aula que sigue pensando en un alumno estándar, que nunca existió.
El Estado mexicano tiene la obligación no solo de enunciar el derecho, sino de remover los obstáculos que impiden ejercerlo. Eso se llama, en el lenguaje de los derechos humanos, obligación de garantía. Y esta semana, al publicar esas cifras, México reconoció implícitamente que esa obligación está incumplida para sus poblaciones más vulnerables.
Sería deshonesto no reconocer los avances. Y los hubo, varios y significativos. La apertura del registro para la Beca Rita Cetina en primaria, con un apoyo anual de 2 mil500 pesos por familia, es una política de permanencia escolar que merece reconocimiento. No porque el dinero sea suficiente, sino porque representa inversión pública a favor de la idea de que la pobreza no debería ser una sentencia de abandono escolar. Cada peso entregado a una familia en situación de vulnerabilidad es, en el fondo, una declaración de que ese niño importa, que su continuidad en la escuela es un asunto de Estado más que de recursos o de voluntad familiar.
El anuncio de 80 mil nuevos lugares en educación media superior, con expansión específica en municipios como Ixtapaluca y Chimalhuacán, dos de las zonas metropolitanas con mayor densidad poblacional joven y menor oferta educativa del país, resulta relevante. Durante años, el cuello de botella entre secundaria y bachillerato fue una de las formas más crueles de exclusión: jóvenes que habían cumplido con su parte, que habían estudiado y aprobado, que llegaban con deseos de continuar, pero se encontraban con que sencillamente no había lugar para ellos. Decirle a un joven de quince años que no hay cupo para su futuro es una gravísima violación de derechos que se disfraza con mecanismos tan absurdos como el examen de admisión.
También merece atención la reforma de movilidad entre subsistemas de bachillerato. Parece un cambio técnico y burocrático, pero en la vida real de los adolescentes mexicanos tiene un impacto profundo: una familia que debe mudarse por razones laborales ya no tendrá que elegir entre el traslado necesario y el año escolar perdido de sus hijos. Un joven que necesita cambiar de plantel por razones de seguridad no tendrá que volver a empezar desde cero. El derecho al tránsito educativo fluido es una dimensión del derecho a la educación que pocas veces se nombra, pero que importa enormemente en un país con alta movilidad interna y desigualdad territorial.
El 8-M llegó con una buena noticia: las mujeres ya representan el 53% de la matrícula universitaria en México. Es un hito histórico que no debería relativizarse. Durante décadas, la educación superior fue un espacio masculino por diseño y por costumbre. Que las jóvenes mexicanas hayan revertido esa proporción, en medio de todo lo demás que les toca enfrentar, como la violencia en todas sus formas, el trabajo doméstico no remunerado, presiones familiares y muchas más es un mensaje muy poderoso. Ahora, el reto para el Estado mexicano es más que porcentual: hay que resolver todos aquellos casos en los que alguna mujer mexicana, por el hecho de serlo afronte una barrera de acceso o permanencia a la educación.
En contraste, hay sombras que volvieron a proyectarse sobre el sistema educativo, partiendo de la confirmación del paro de 72 horas de la CNTE, programado del 18 al 20 de marzo, el abre una vez más el nudo gordiano de la educación pública mexicana: la tensión entre los derechos laborales de los maestros y el derecho a la continuidad del aprendizaje de los niños.
Esta tensión no tiene solución fácil ni debe resolverse aplastando uno de los dos lados. Los maestros tienen razones históricas concretas para exigir condiciones dignas de trabajo y retiro; un docente empobrecido y desprotegido no puede dar lo mejor de sí en el aula. Pero también es verdad que cada día de clases perdido es un día de derecho al aprendizaje suspendido y que los más afectados son invariablemente los niños de las familias que no tienen acceso a tutorías privadas ni a plataformas digitales de refuerzo.
La solución no es criminalizar el paro, ni tampoco romantizarlo. La solución es que el Estado mexicano entienda de una vez que invertir en las condiciones laborales del magisterio es invertir directamente en el derecho a la educación de los niños.
Otra sombra que se hizo más visible esta semana fue la del acoso digital. Un caso de alto perfil en una preparatoria nacional, donde se utilizó inteligencia artificial para generar imágenes íntimas falsas de alumnas aceleró los protocolos de seguridad digital en varias instituciones. El gobierno respondió con un acuerdo inédito entre la Presidencia, la Secretaría de las Mujeres y plataformas como TikTok y Meta para frenar el ciberacoso y el doxing en entornos escolares. La iniciativa es bienvenida y necesaria. Pero hay que decirlo: los acuerdos voluntarios con plataformas tecnológicas tienen un valor limitado si no van acompañados de marcos regulatorios vinculantes, de mecanismos de denuncia accesibles para menores de edad y, sobre todo, de formación ética en tecnología desde la infancia. La escuela es el lugar donde los jóvenes aprenden a usar la tecnología, por lo cual, deben hacerlo con responsabilidad y respeto a la dignidad ajena.
A todo esto, se suma una reforma curricular en proceso, la reducción de materias con énfasis en pensamiento histórico y crítico, lo cual levanta expectativas legítimas, pero también interrogantes razonables: ¿Quién define qué historia se prioriza? ¿Cómo se forma en pensamiento crítico sin antes asegurar que todos los niños estén en el aula? ¿Tiene sentido discutir contenidos cuando el 16% de los niños indígenas no ha podido cruzar siquiera la puerta de la escuela?
No es que el debate curricular sea irrelevante. Es que hay una jerarquía de urgencias que debe estar en el escritorio de los tomadores de decisiones de política educativa en la nación: primero, el acceso. Saltarse el primer escalón es un lujo que solo se pueden permitir quienes ya están adentro.
Y, precisamente por eso, es importante el Encuentro Nacional de Alfabetización, en donde el INEA y el TecNM entregaron certificados a jóvenes y adultos que lograron concluir su primaria y secundaria a través de modelos de educación comunitaria, lo cual merece celebrarse. Cada adulto que certifica su educación básica, además de que ejerce propio derecho rompe un ciclo. Lo dicen los estudios: los hijos de madres con mayor escolaridad asisten más a la escuela, tienen menos riesgo de abandono y alcanzan mayores niveles educativos. La alfabetización de adultos es una inversión intergeneracional de largo aliento.
México se debe a sí mismo una conversación honesta, donde no se separen los avances de las brechas, que no se celebren los 80 mil nuevos lugares en bachillerato sin preguntarse por qué los niños indígenas siguen fuera, ni tampoco se firmen acuerdos contra el doxing sin también dotar a las escuelas de formación en salud mental digital.
Los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes de México no son un menú del que se puede elegir a la carta: acceso para unos, calidad para otros, seguridad para los que tienen conexión a internet, becas para los que ya están dentro. Son un paquete indivisible que el Estado tiene la obligación de garantizar para todos, sin excepción, sin pretexto y sin pausa.
En suma, en estos días recientes ha habido fuertes señales de que algo se mueve. Pero, también hubo recordatorios brutales de cuánto queda por mover. Y mientras no cerremos la brecha para ese 27% de niños con discapacidad y ese 16% de niños indígenas que hoy no están en ninguna escuela, ningún avance será suficiente para llamarse justicia educativa en este país. ¡Merecemos un gobierno educador!
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
