Morelia, Michoacán, 22 de mayo de 2026.- El diputado Alfredo Anaya presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán para crear un procedimiento especializado dirigido a adolescentes que cometan faltas administrativas.
La propuesta busca fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes, así como construir mecanismos de prevención social más efectivos mediante un modelo formativo, preventivo y restaurativo.
La iniciativa contempla la creación del capítulo “Del Procedimiento de Justicia Cívica y Mediación Administrativa para Adolescentes”, con el objetivo de atender estas conductas desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo integral.
El legislador señaló que la intención no es criminalizar ni estigmatizar a las y los adolescentes, sino brindarles herramientas para su reintegración y evitar que conductas administrativas escalen hacia situaciones más graves.
“Debemos apostarle a la prevención y al acompañamiento, no a la sanción por sí sola. Nuestro compromiso es construir oportunidades para nuestros jóvenes y fortalecer el tejido social desde las primeras señales de riesgo”, expresó.
La propuesta establece que, cuando un adolescente incurra en una falta administrativa, las autoridades deberán privilegiar medidas educativas y de reintegración social, garantizando el interés superior de la niñez y sus derechos fundamentales.
También se contempla que las y los adolescentes tengan derecho a ser escuchados, contar con acompañamiento de padres o tutores y recibir orientación jurídica adecuada.
Además, las audiencias deberán desarrollarse bajo principios de oralidad, transparencia y rapidez.
Otro punto de la iniciativa plantea que los jueces cívicos puedan canalizar los casos a procesos de mediación administrativa o comunitaria para fomentar el diálogo, la reparación del daño y la reconstrucción del entorno social.
La reforma también establece que las medidas aplicables deberán ser formativas y no punitivas, evitando sanciones privativas de la libertad como medida principal y prohibiendo que adolescentes sean retenidos en instalaciones destinadas a personas adultas.
Finalmente, la propuesta busca fortalecer el seguimiento mediante bases de datos biométricas en las direcciones de Justicia Cívica, para mejorar la coordinación con instituciones como la Fiscalía y el DIF en los procesos de reintegración y prevención.
