Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de eliminar las barreras lingüísticas en los servicios públicos, el diputado de Morena, Juan Pablo Celis Silva, presentó una iniciativa de reforma constitucional para implementar un sistema estatal de traducción e interpretación de lenguas indígenas mediante herramientas tecnológicas.

La propuesta contempla la creación de una central de intérpretes profesionales y certificados que puedan brindar atención a distancia, mediante plataformas digitales y videollamadas en tiempo real.
De esta manera, hospitales, clínicas rurales y dependencias gubernamentales podrían conectarse con especialistas en lenguas originarias sin necesidad de contar con intérpretes permanentes en cada instalación.
Más de 174 mil personas hablan una lengua indígena en Michoacán
De acuerdo con los datos presentados por el legislador, en Michoacán existen 174 mil 18 personas hablantes de alguna lengua indígena, de las cuales 8 mil 878 son monolingües.
Celis Silva señaló que esta situación puede representar dificultades para acceder a servicios médicos, realizar trámites gubernamentales o recibir información sobre sus derechos.
La iniciativa busca facilitar la comunicación institucional en lenguas como purépecha, náhuatl, mazahua y otomí, entre otras presentes en la entidad.
Propuesta surgió de una inquietud ciudadana
El diputado explicó que la iniciativa tiene su origen en una propuesta de Jesús Antonio Cruz Sebastián, joven de la comunidad de Comachuén y hablante de purépecha, quien expuso las dificultades de comunicación que enfrentan integrantes de comunidades indígenas al acudir a instituciones públicas.
A partir de este planteamiento, se desarrolló la propuesta para aprovechar las herramientas digitales y facilitar el acceso a intérpretes especializados.
Buscan garantizar atención pública sin barreras de idioma
Juan Pablo Celis destacó que la tecnología puede contribuir a reducir las distancias entre comunidades rurales y servicios gubernamentales, además de optimizar los recursos destinados a la atención ciudadana.
“La tecnología debe servir para acercar derechos, no para generar nuevas desigualdades”, expresó.
La iniciativa deberá seguir su proceso de análisis y discusión en el Congreso de Michoacán antes de una eventual aprobación.
El comunicado no especifica el presupuesto necesario para implementar el sistema ni los plazos previstos para su puesta en funcionamiento.
