Por Horacio Erik Avilés Martínez
El 20 de octubre, unas decenas de egresadas de las normales de educadoras de Morelia y Arteaga atravesaron vehículos sobre la avenida Siervo de la Nación para exigir que las plazas de preescolar fueran más de veinte. Seis días después, egresados de la Escuela Normal Indígena de Michoacán, con sede en Cherán, incendiaron un camión repartidor en el libramiento de Morelia y vandalizaron las instalaciones de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Entre una escena y otra cabe todo el drama del normalismo michoacano: jóvenes que estudiaron cuatro años para enseñar, un estado con escuelas sin maestro y un mecanismo de contratación que no logra unir ambas cosas.
Conviene decir primero lo que corresponde. Quemar el camión de un trabajador que nada tiene que ver con la contratación no es una forma legítima de reclamar un derecho y regala argumentos a quienes quieren descalificar a todo el movimiento. Pero explicar no es justificar. Quien reduce estos hechos a simple vandalismo se ahorra saber por qué jóvenes formados por el Estado llegan a la desesperación cuando ese mismo Estado les cierra la puerta.
Michoacán sostiene ocho escuelas normales oficiales y el Centro de Actualización del Magisterio, con mil 80 lugares de nuevo ingreso: 123 en la Normal de Educadoras, 150 en la Urbana Federal, 124 en Educación Física, 128 en la Superior, 128 y 127 en los dos centros regionales de Arteaga, 140 en la Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, 100 en la Indígena y 60 en el Centro de Actualización. Para el ciclo 2026-2027 se registraron 2 mil 975 aspirantes al examen del Ceneval. En 2025 habían sido más de 3 mil y más de mil 600 se quedaron fuera; dos de cada tres. La vocación existe y sobra. Lo que escasea es la certeza de que al terminar habrá un lugar esperando.
Del otro lado de la ecuación está el déficit. Antes del cierre del ciclo pasado se presentaron mil 700 solicitudes de jubilación, mientras las normales egresan, en el mejor de los años, mil 80 docentes. El faltante estructural ronda los 620 maestros, y la respuesta oficial fue una entrega de entre 550 y 555 plazas de primaria en poco más de 70 municipios, apenas una semana antes de iniciar clases. Se tapó una parte del hueco, a destiempo, y se dejó sin cubrir el preescolar, donde la autoridad solo reconoció 20 vacantes por jubilación, defunción o renuncia.
El cuadro se complica con una paradoja. La matrícula estatal pasó de un millón 273 mil estudiantes a un millón 240 mil 227 al cierre de 2025-2026, más de 64 mil alumnos menos en diez años, según la serie histórica federal. En ese mismo lapso las escuelas crecieron de 12 mil 795 a 12 mil 894 y la planta docente de 83 mil 493 a 83 mil 539 profesores. Hay menos niños, más planteles y casi los mismos maestros, de modo que el problema no es solo de cantidad sino de distribución: faltan docentes donde nadie quiere ir o donde la plaza no existe con la clave correcta, y sobran donde la matrícula se retiró.
Fotografía: Erik Camargo García.
La espada es el proceso de admisión. Los egresados de las normales públicas tienen prioridad en el sistema de la USICAMM, pero prioridad no equivale a plaza. Deben registrarse, presentar la evaluación, ocupar un lugar en el listado ordenado y esperar a que las vacantes aparezcan en el sistema abierto y transparente de asignación. En el ciclo 2026-2027 los resultados individuales se conocieron en julio, el listado nominal salió en agosto y la asignación ocurrió días después. Los resultados valen hasta el 31 de mayo de 2027, así que quien no alcanzó lugar solo puede esperar a que se liberen claves a lo largo del año.
La pared es la disponibilidad. El 21 de octubre la Secretaría de Educación sostuvo que no existe obligación legal de contratar a todos los egresados y que prioriza la necesidad de docentes. Jurídicamente es correcto. Políticamente es una respuesta que no resuelve, porque deja sin explicar cómo se reconoce un déficit de cientos de maestros y a la vez se ofrecen veinte plazas a decenas de educadoras. Los propios egresados afirman haber recorrido centros de educación inicial y preescolar para documentar comunidades sin docente, señalan que la asignación depende del número de niños inscritos. Esa regla luce razonable en una hoja de cálculo y es cruel en una comunidad donde la ausencia de maestro puede ser, precisamente, la causa de que no haya inscritos.
A la espada y la pared se suma la desconfianza. En agosto, egresados de Tiripetío, Arteaga y la Urbana cerraron la Secretaría de Educación para denunciar que la convocatoria de las plazas de primaria parecía dirigida a ciertos perfiles. En marzo, docentes de la región nahua acusaron un posible despojo de plazas de educación indígena a favor de egresados de la región purépecha y exigieron que se respetara la identidad cultural de la costa. Cuando las reglas no se entienden, todo se vuelve sospecha. Entonces, bloquear una avenida parece más eficaz que presentar un escrito.
Fotografía: Erik Camargo García.
Las escuelas de la entidad cuentan la otra mitad de la historia. En 2023 una primaria de Teremendo llevaba más de dos años con un solo maestro para seis grupos y la CNTE calculaba entonces un déficit de 650 docentes. Tres años después la cifra oficial es parecida y el discurso también: la Secretaría presume un ciclo escolar completo con más de 900 mil estudiantes de educación básica, casi 12 mil escuelas y más de 69 mil docentes, mientras directoras y directores atienden grupo, los multigrado se multiplican y grupos con pocos alumnos se cierran o se transfieren a otros servicios. Un ciclo no está completo mientras exista un solo grupo sin maestro.
Las propias normales viven en una inercia que merece revisión. La oferta de ingreso se mantiene idéntica en mil 80 lugares año tras año, lo cual se ha presentado como defensa del normalismo, pero también significa que no se ajusta ni a la ola de jubilaciones ni a las necesidades por nivel y por región. Se forma por costumbre y se contrata por urgencia, sin un calendario que enlace una cosa con la otra. Esa desconexión es la verdadera fábrica de la crisis.
En primera instancia pagan los egresados y sus familias. Son años de estudio, traslados, útiles y renta sostenidos con el esfuerzo de hogares que esperaban un ingreso al final del camino. La propia Secretaría reconoce que algunos buscan trabajo en otros estados, lo que equivale a admitir que Michoacán forma maestros para que otras entidades los contraten. Otros se resignan a empleos ajenos a la docencia. Quienes protestan arriesgan un expediente penal que marcará su vida profesional antes de que esta empiece.
En segunda instancia pagan los niños y las comunidades. La falta de maestro se concentra en las zonas de Tierra Caliente, en las comunidades indígenas y en el preescolar rural, es decir, donde la escuela es la única presencia del Estado. Pagan también los docentes en servicio que cargan dos grados a la vez, los directores convertidos en maestros y las madres y padres que, ante la incertidumbre, dejan de inscribir a sus hijos o los llevan a otro municipio. Un grupo sin maestro es una pérdida de aprendizaje que no se recupera con un decreto posterior.
En última instancia paga el propio Estado, y con él la sociedad entera. Si estudiar en una normal no conduce a una plaza, las nuevas generaciones dejarán de elegir la carrera y la matrícula normalista se desplomará justo cuando la ola de jubilaciones llegue a su punto más alto. Habrá entonces plazas sin maestros, el escenario contrario al de hoy y no menos grave. A ello se suma el costo de la confrontación permanente: avenidas bloqueadas, empresas dañadas, instituciones asediadas y un movimiento histórico que pierde simpatía pública cada vez que la protesta se desborda.
Fotografía: Erik Camargo García.
Qué hacer: Ni plazas automáticas ni puertas cerradas. La plaza automática sin respaldo presupuestal es una promesa sin fondos, y el concurso a modo para el número exacto de egresados es la misma simulación con otro nombre. El camino es una prelación abierta, verificable y con plazas reales detrás. Eso exige, antes que nada, transparencia total: un padrón público de plantillas y vacantes por municipio, nivel y clave, actualizado cada mes, de modo que cualquier egresado pueda saber dónde falta un maestro y cualquier ciudadano pueda comprobarlo.
Exige también planeación. Una proyección multianual de jubilaciones, elaborada con la Secretaría, el sistema de pensiones y las propias normales, permitiría ajustar la oferta de ingreso por nivel y región en lugar de repetir la misma cifra por inercia, y programar la creación de claves con meses de anticipación, no con una semana de margen. En preescolar y en las comunidades pequeñas, la regla que condiciona la plaza al número de inscritos debe revisarse para que una escuela sin maestro no quede condenada a seguir sin él.
Mientras llegan las plazas definitivas, el Estado puede ofrecer una vía transitoria digna: contrataciones temporales con prestaciones para cubrir los grupos que hoy están vacíos, y estímulos reales de arraigo, como vivienda, transporte y bonos, para quien acepte trabajar en Tierra Caliente y en las zonas indígenas. En educación indígena hacen falta criterios claros de asignación que reconozcan la lengua y la pertenencia cultural, construidos en una mesa con las comunidades y con la Normal Indígena, y no resueltos en eventos virtuales que nadie entiende. Y la Consulta Nacional para transformar el sistema de la USICAMM es una oportunidad que Michoacán debe aprovechar con una propuesta propia, que incluya reservar vacantes para egresados de las normales de la entidad.
Llamados a la acción:
A la Secretaría de Educación y a la UESICAMM, que publiquen en quince días el padrón de plantillas y vacantes, expliquen con claridad qué criterios aplicaron en cada asignación y instalen una mesa de carácter resolutivo, con minutas y plazos, en lugar de reuniones que terminan donde empezaron.
Al Congreso del Estado y a la Secretaría de Finanzas, que asignen en el presupuesto del próximo año las claves necesarias para sustituir las jubilaciones previsibles y que dejen de tratar la nómina docente como un gasto a contener, cuando es la inversión que sostiene el derecho a aprender.
A las y los normalistas, que sostengan la causa sin entregar a sus adversarios el pretexto de la violencia. Su fuerza está en la razón y en las cifras, y cada vehículo incendiado resta a los niños sin maestro más de lo que suma a su exigencia. Que presenten su propia propuesta de padrón, de distribución y de prelación y que obliguen a la autoridad a discutirla en público, con la ley en la mano y bajo el interés superior de las niñas, niños y jóvenes.
Fotografía: Erik Camargo García.
A los maestros en servicio, a las madres y padres de familia y a la sociedad michoacana, que dejen de mirar el conflicto como un problema ajeno. El grupo sin maestro está en nuestro barrio, y el egresado sin plaza es nuestro hijo, nuestro vecino o nuestro sobrino. Exigir transparencia, vigilar la asignación y respaldar una solución justa es también defender a las escuelas que esperan.
El normalismo michoacano ha sido durante un siglo una de las mayores apuestas de movilidad social del estado. Puede ser también su próxima gran pérdida o su próxima gran reforma. La diferencia depende de que, por fin, el Estado haga coincidir a quienes quieren enseñar con las aulas que necesitan maestro. ¡Merecemos un gobierno educador!