76 Legislatura reforma Código Civil para reforzar protección del patrimonio inmobiliario en Michoacán

Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 2026.- El Congreso del Estado reformó el artículo 439 del Código Civil de Michoacán con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y proteger el derecho de propiedad de las y los ciudadanos, ante casos de despojo y apropiación indebida de bienes inmuebles.

La reforma fue aprobada a propuesta de la Comisión de Justicia, a partir de una iniciativa presentada por el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla en materia de prescripción civil.

Con esta modificación, se establece que cuando la posesión de un inmueble haya sido de mala fe, la prescripción positiva podrá interrumpirse mediante denuncia o querella penal.

No obstante, el decreto precisa que esta interrupción no surtirá efectos si la acción penal se extingue o si se emite una resolución con efectos equivalentes a una sentencia absolutoria.

De acuerdo con el dictamen, la reforma surgió al advertirse que la legislación vigente permitía la adquisición de la propiedad por prescripción positiva incluso en casos donde existían indicios de mala fe.

Entre esos supuestos se encuentran situaciones en las que una persona toma posesión de un inmueble mediante actos de violencia, intimidación, engaño o cualquier forma de despojo, y posteriormente pretende consolidar esa posesión como propiedad legítima con base únicamente en el transcurso del tiempo.

La Comisión de Justicia consideró necesario incorporar la posibilidad de interrumpir la prescripción adquisitiva de mala fe a través de una denuncia o querella penal, como una herramienta para proteger a quien considere tener mejor derecho sobre el bien y haya sido afectado por actos que pudieran constituir un delito.

Asimismo, se busca que las personas afectadas puedan ejercer sus derechos dentro de un proceso penal y que esa acción tenga efectos en la interrupción de la prescripción adquisitiva que alguien pretenda hacer valer en su contra.

Con esta reforma, el Congreso local planteó reforzar los mecanismos legales de defensa del patrimonio inmobiliario de las y los michoacanos.