De esta forma el Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Morelia, Michoacán; 05 de diciembre del 2024.- Con 34 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra, el Pleno de la 76 Legislatura del Congreso del Estado, aprobó el decreto por el que se reforman los artículos: 3, 36, 62, 113, 117, 123, 133, 164, y se adicionan párrafos a los artículos: 13, 36, 104, 112, 114, 123, 124, 134, 136, todos de la Constitución Política del Estado Libre Y Soberano De Michoacán De Ocampo, en materia de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Con ello se identifica la composición pluricultural del Estado y en consecuencia, la demodiversidad materializada en los diferentes sistemas, principios, normas, instituciones, prácticas democráticas y de gobierno de los pueblos y de las comunidades indígenas del Estado; así como se reconoce el autogobierno.
De esta forma el Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio; también enuncia que, derivado del autogobierno, se dará la administración directa del presupuesto y el ejercicio de funciones de gobierno por parte de comunidades indígenas con carácter de tenencias y encargaturas del orden independientes.
También se reconoce al Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, así como aquellos que logren dicha categoría, a los Concejos Comunales, a los Concejos de Autogobierno y a la Coordinación Comunal como expresiones de Gobierno Comunal y autoridades representativas investidas de personalidad jurídica y patrimonio propio; y se reconoce las faenas y servicios comunales como una institución.
El presupuesto anual del Gobierno del Estado relativo a programas establecidos de infraestructura social, educativa e hídrica deberá contemplar recursos para ser administrados por las comunidades indígenas de autogobierno y presupuesto directo; así como deberá de contemplar dentro de los programas de seguridad pública estatal un rubro en seguridad pública para garantizar sus prácticas de seguridad comunal.
