Morelia, Michoacán, a 04 de marzo de 2026.- Con el objetivo de favorecer el desarrollo de las actividades económicas en Michoacán y dar un mejor aprovechamiento a los recursos obtenidos por la enajenación de inmuebles, las y los integrantes de la 76 Legislatura autorizaron la desincorporación de 38 predios del patrimonio estatal.
Con 29 votos a favor, el Pleno del Congreso avaló el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, mediante el cual se autorizó la desincorporación de inmuebles ubicados en Morelia, Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Charo y en diversos municipios del estado como Tacámbaro, Mújica, Jacona, Coalcomán, La Piedad, Purépero, Zitácuaro, Tangancícuaro, Los Reyes, Marcos Castellanos, Peribán, Taretan y Sahuayo, entre otros.
Del total, se aprobó la desincorporación para su posterior donación de cuatro predios en Jacona, Morelia, La Piedad y Lázaro Cárdenas, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a fin de que se construyan Centros de Educación y Cuidado Infantil, así como una Unidad de Medicina Familiar, con el propósito de fortalecer la atención a la ciudadanía y hacer efectivos los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, el decreto autoriza al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, a donar nueve predios a los ayuntamientos correspondientes para su administración; y establece que el inmueble donde actualmente se ubican las oficinas centrales del Congreso del Estado será donado de manera directa al Poder Legislativo.
En el acuerdo aprobado se puntualiza que las donaciones únicamente podrán realizarse a favor del Poder Legislativo, municipios u organismos públicos, quedando expresamente prohibida cualquier donación a personas físicas o morales de carácter privado.
Mediante una reserva, se determinó que el resto de los inmuebles se transmitirá a la titularidad fiduciaria del Fideicomiso del Impulso y Desarrollo para el Estado de Michoacán (FIDEMICH), para su administración y, en su caso, enajenación. Se especificó que cualquier venta deberá realizarse únicamente con base en el valor comercial de los inmuebles.
El decreto también establece que los recursos obtenidos por la enajenación deberán destinarse exclusivamente a inversión pública productiva para proyectos de infraestructura con impacto económico y social medible, y que en ningún caso podrán utilizarse para gasto corriente.
Además, se fijaron restricciones para evitar conflictos de interés, al prohibir que servidores públicos —o por intermediario— adquieran los inmuebles, incluyendo cónyuges, familiares y terceros con relaciones profesionales, laborales o de negocios, así como exservidores públicos que hayan ocupado un cargo estatal en los últimos cuatro años.
Finalmente, se acordó que cada tres meses el FIDEMICH y la Secretaría de Finanzas y Administración deberán enviar al Congreso un informe detallado sobre el avance del proceso de desincorporación y enajenación, ya sea en modalidad de venta o donación.
