Por: Elizabeth Juárez Cordero
Hace ya unos días que conocimos de las propuestas de reforma del presidente, cuya diversidad de temas complejiza tener una postura seria que respalde o descalifique por entero y en automático el variopinto paquete de iniciativas; no pocas de indispensable conocimiento especializado si verdaderamente se pretende discutir sobre su viabilidad con base en diagnósticos y sus posibles impactos, operativos y presupuestales; tarea que además de requerir una consulta mínima de actores clave, llevaría cuando menos un par de meses de análisis y discusión. Por lo que, tomar una posición de manera anticipada y en paquete, a favor o en contra, sólo evidencia un interés personal o de grupo, al confirmar su afección por alguno de los dos frentes en disputa.
Pues, por un lado, las iniciativas reivindican derechos sociales, en materia de pensiones, salario, salud y vivienda, prácticamente imposibles de rechazar, y por otro, buscan modificar el diseño constitucional democrático, al pretender eliminar órganos autónomos, someter a votación popular a los integrantes del poder judicial y suprimir la representación proporcional; todas piezas angulares del sistema de pesos y contrapesos, como de garantía de permanencia de la pluralidad política.
Y que más allá de su posibilidad de ser votadas en el tiempo que resta del sexenio, tienen por objetivo ser la materia bajo la que discurra la elección, al colocar sobre papel la narrativa polarizadora que caracterizó la administración lopezobradorista. Así dicho por el presidente esta misma semana, al validar que la intención que motiva a la veintena de propuestas de reformas no es otra que, la de situar la apuesta sobre la que, desde su visión, el electorado habrá de elegir a modo plebiscitario entre dos proyectos de nación; el de la continuidad o el cambio.
En esa ruta, el presidente no solo ha garantizado su presencia en el periodo de intercampañas como en la boleta electoral, sino que además traza el programa de gobierno de la candidata Claudia Sheinbaum, a quien no le ha quedado más opción que respaldar las propuestas de reformas y que dijo, retomará el próximo primero de marzo en el arranque de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México.
Con ello, el presidente deja claro que, en la aspiración de garantizar, por lo menos un periodo más de la Cuarta Transformación, dobla la apuesta. Acostumbrado a todo o nada, sin disimulo ni autolimitaciones tiene en la mira ya no en la elección presidencial sino en las cámaras de diputados y senadores, que permitan al próximo gobierno llevar a cabo reformas constitucionales, esas mismas que han sido frenadas hasta ahora, por los pesos y contrapesos, en el Senado como en la Suprema Corté.
Confiado en los altos porcentajes de aprobación que aún conserva y en la maquinaria aceitada que le han permitido por un lado desplegar un ejército de promotores a través de los programas sociales, y por otro las estructuras locales que le representan los 23 gobernadores en los estados, jala la liga de su voto cautivo; al borde del sinsentido y la contradicción, en temas que no solo no son consecuentes con las luchas de la izquierda mexicana, como la no militarización, la representación proporcional como puerta de entrada de las minorías, la presencia de órganos autónomos e independientes como extensión del principio de separación de poderes o el respeto a la soberanía de los estados y la prevalencia del pacto federal, solo por mencionar algunos ejemplos.
Y aun cuando se trata de intenciones, que se ha repetido, difícilmente podrían materializarse en lo próximo, sorprende que se hable de estas con la vehemencia seria que implica la dirección de un país desde la institución presidencial, en la que el grupo en el poder se atribuye una posición invencible, porque da por hecho que esa configuración constitucional que propone no podrá en el futuro revertirse, es decir asume algo que en las democracias es imposible de garantizar: la certidumbre del resultado. Ya no digamos su perpetuación, pues eventualmente esa concentración del poder del ganador, podrá serlo también para el ahora perdedor.
El próximo domingo 18 de febrero, se ha convocado en distintas ciudades del país a la “Marcha por nuestra democracia”, que desde su primer edición en 2023, ha manifestado expresamente su rechazo a las propuestas presidenciales, en respaldo de los órganos autónomos y los avances democráticos, y que pese a ser una convocatoria que se ha dicho ciudadana, al agrupar organizaciones sociales y sectores académicos, en el marco del proceso electoral en curso, resulta casi imposible no adjudicarse una posición partidista, porque no hacerlo a estas alturas sería quedarse en una mera expresión elocuente y voluntariosa; en el éxito de su convocatoria estará su debilidad y su fortaleza.
