Morelia, Mich., a 10 de enero de 2023.- El exgobernador Silvano Aureoles Conejo nunca se disculpó con la comunidad indígena de Arantepacua, por las cuatro ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura y 56 allanamientos ilegales que se registraron en dicha demarcación el 5 de abril de 2017, a manos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Lo anterior fue dado a conocer por el representante de las víctimas de Arantepacua, Francisco Hernández Cohenete, luego de que el exgobernador Silvano Aureoles Conejo presumiera en conferencia de prensa que su administración emitió una disculpa pública dirigida a la comunidad indígena, derivado de los agravios antes consignados.
“Nunca se disculpó, es otra de sus mentiras para seguir soñando con ser presidente, y aunque se hubiera disculpado, cosa que no sucedió, el daño que le hizo a la comunidad no se repara con sólo pedir disculpas”, declaró en entrevista.
Cabe mencionar que la disculpa pública en cuestión forma parte de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), desde donde se acreditó que la entonces Policía Michoacán incidió en ejecuciones extrajudiciales, torturas y allanamientos al intervenir en un conflicto agrario entre comuneros de Arantepacua y Capácuaro, en abril de 2017.
De acuerdo con la resolución de la CEDH, “se acreditó la violación al derecho humano a la vida en agravio de cuatro personas fallecidas; el derecho a la integridad personal de 37 personas lesionadas, incluyendo 8 policías estatales; la vulneración del derecho humano a la libertad, a la seguridad e integridad personal por actos constitutivos de tortura en agravio de las 10 personas detenidas y por los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a las 38 personas detenidas; la violación al derecho a la privacidad, inviolabilidad del domicilio e inobservancia del principio de legalidad por el cateo ilegal y allanamiento referido por 56 habitantes”.
Ante ello, Aureoles Conejo aseguró que la administración a su mando atendió las recomendaciones de la CEDH, cuyo contenido contemplaba una disculpa pública y el pago de los daños causados a la comunidad indígena.
La afirmación de Silvano fue desmentida por comuneros de Arantepacua, quienes condenaron que el gobierno del perredista fue omiso frente a uno de los hechos más trágicos y sanguinarios que se hayan registrado en la historia de la comunidad.
