Morelia, Mich., a 7 de julio de 2022.- Integrantes de la 75 Legislatura aprobaron un exhorto a la titular de la Secretaría de Educación en el Estado, para que informe sobre las acciones realizadas para combatir el bullying en las escuelas de Michoacán.
La titular de la SEE cuenta con un periodo de treinta días hábiles para referir dicha información y para que despliegue una campaña permanente de prevención y concientización de las consecuencias psicológicas, así como de los posibles delitos en que se puede incurrir, como violencia psicológica y física.
Las y los integrantes del Poder Legislativo, desde el Pleno, emitieron un segundo exhorto para que, a través de la autoridad competente dentro de la dependencia, la SEE investigue y, en su caso, sancione a los servidores públicos, autoridades escolares y profesores que, teniendo conocimiento de dicho acto, sean omisos en su atención y/o denuncia ante las autoridades ministeriales correspondientes.
En la exposición de motivos presentada por la diputada Luz María García García, se resalta que el acoso escolar o bullying es definido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como cualquier acto de violencia, ya sea verbal, físico o psicológico, ejercido uno o varios estudiantes sobre otro u otros, en escuelas de educación básica, con el propósito de intimidar y controlar mediante contacto físico o manipulación psicológica.
La legisladora aseveró que la infancia y la adolescencia requieren instituciones que las protejan, así como políticas públicas transversales que prevengan y cuiden de sus derechos, pero, sobre todo, “nuestra sociedad exige de todos sus servidores públicos y de esta Soberanía la visión y responsabilidad de brindarles herramientas jurídicas operativas que salvaguarden sus garantías constitucionales”.
Es importante señalar que en el Estado aplica la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán, la cual establece el Consejo Preventivo de la Violencia Escolar, que tiene por objeto construir, analizar, dar seguimiento y evaluar propuestas de formación, intervención y prevención de la violencia escolar, así como las políticas públicas diseñadas en esta materia, siendo la herramienta idónea para combatir el acoso en sus diferentes formas en nuestras instituciones educativas.
