Morelia, Mich., a 23 a mayo de 2022.- La masacre que Arantepacua vivió los 4 y 5 de abril de 2017, traducida en cuatro ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura y 56 allanamientos ilegales perpetrados por la Policía Michoacán, no ha motivado el requerimiento de ningún ex funcionario estatal relacionado al caso ante las instancias de procuración de justicia correspondientes.
Esto fue dado a conocer por el recién nombrado Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Josué Alfonso Mejía Pineda, quien dijo que hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha requerido a ningún ex funcionario vinculado al caso, mismo que se registró durante la gestión de Silvano Aureoles Conejo.
“Los informes no hablan de algún requerimiento en específico”, contestó al ser abordado en torno al seguimiento de la masacre de Arantepacua.
Ello, pese a que le Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó “la violación al derecho humano a la vida en agravio de cuatro personas fallecidas; el derecho a la integridad personal de 37 personas lesionadas, incluyendo 8 policías estatales; la vulneración del derecho humano a la libertad, a la seguridad e integridad personal por actos constitutivos de tortura en agravio de las 10 personas detenidas y por los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a las 38 personas detenidas”, durante la intervención que tuvo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en un conflicto agrario entre las comunidades de Capácuaro y Arantepacua, los pasados 4 y 5 de abril de 2017.
Con relación al informe de la CNDH y las recomendaciones que giró el organismo, el titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas dijo que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla responderá por la reparación de los daños causados a la comunidad de Arantepacua, más no habló de seguimiento a las investigaciones que circulan en torno una de las páginas más sanguinarias que se hayan escrito en la historia de la demarcación indígena.
En este mismo sentido, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla remarcó hace unos días en entrevista que su administración responderá por la masacre que orquestó la gestión silvanista en Arantepacua. Sin embargo, no precisó cómo se pretende resarcir el daño que sigue carcomiendo la memoria de la comunidad.
