Morelia, Mich., a 20 de mayo del 2022.- La Fiscalía General de la República (FGR) no presenta ningún avance en la atracción del caso Arantepacua derivado de las cuatro ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura y 56 allanamientos ilegales perpetrados en la comunidad indígena los pasados 4 y 5 de abril de 2017, a manos de la Policía Michoacán.
Esto fue reconocido por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien, en entrevista, compartió que no hay garantías para que la FGR responda por el caso Arantepacua, ante el evidente conflicto de intereses que gira en torno a la Fiscalía General del Estado (FGE), institución que hoy dirige Adrián López Solís, exsecretario de Gobierno durante el conflicto indígena.
“No hay avance en ese tema”, contestó el mandatario estatal al ser cuestionado sobre los alcances que tiene la FGR en el caso Arantepacua.
Lo que sí dijo el gobernador es que la administración a su mando se hará cargo de la reparación del daño causado por su antecesor, Silvano Aureoles Conejo, quien, además de negarse a emitir una disculpa pública por la masacre que sufrió la comunidad indígena, ignoró algunas otras recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CNDH).
Ante este escenario, el plazo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le dio al Gobierno de Michoacán para responder por el caso Arantepacua venció el pasado 22 de enero de 2021, y no hubo contestación por parte de la administración que lideraba Silvano Aureoles Conejo.
Las recomendaciones de la CNDH partieron de una resolución del organismo, donde se acreditó “la violación al derecho humano a la vida en agravio de cuatro personas fallecidas; el derecho a la integridad personal de 37 personas lesionadas, incluyendo 8 policías estatales; la vulneración del derecho humano a la libertad, a la seguridad e integridad personal por actos constitutivos de tortura en agravio de las 10 personas detenidas y por los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a las 38 personas detenidas”, durante la intervención que tuvo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en un conflicto agrario entre las comunidades de Capácuaro y Arantepacua, los pasados 4 y 5 de abril de 2017.
